De la Redacción
CHETUMAL, 16 de febrero.- La revelaciones hechas por productores mayas, dadas a conocer por este medio el pasado viernes, desnudaron que el Consorcio Chiclero, productor de Chicza, vende una farsa publicitaria en el extranjero; mientras que en el mercado europeo presume de haber recuperado la dignidad de los productores chicleros mayas, la realidad es que se sigue marginando y explotando a las familias chicleras de Quintana Roo, pagándoles una miseria por su trabajo y sin que tengan ningún tipo de prestación.
Para Chicza, los productores mayas son, además de los que se rifan el físico en la cosecha de la resina del chicozapote, un gancho de imagen publicitaria para el mercado extranjero, ya que una de los mensajes que más repite la marca para su comercialización es que la goma de mascar biodegrable la produce un consorcio de cooperativas bajo un esquema de “comercio justo”.
Anunciada como una “Empresa Socialmente Responsable”, integrada por cientos de productores mayas del sureste mexicano, el Consorcio Chiclero también ha difundido en revistas de negocios de costosos espacios, como Forbes, que otorga seguridad social, becas educativas, así como fondos de salud y defunción a sus chicleros, entre otras prestaciones para mejorar su calidad de vida y la de sus familias.
Sin duda, se trata de una “romántica” propaganda que tiene como gancho principal haber “recuperado” la dignidad de los productores chicleros mayas, lo que ha funcionado muy bien para que la marca registrada de chicle orgánico Chicza, de la empresa Consorcio Chiclero, pueda enganchar a su clientela en países de Europa, así como Canadá, Estados Unidos y México.
Para el mercado extranjero todo esto suena muy bonito, pero para los chicleros mayas de Quintana Roo se trata de una insultante y bien armada mentira publicitaria, ya que se les sigue explotando y pagando una miseria por su trabajo, sin que tengan alguno de los beneficios que la empresa dice otorgar.
Al frente de todo esto se encuentra Manuel Aldrete Terrazas, quien se ha mantenido como director ejecutivo vitalicio del Consorcio Chiclero, siendo también el único que ha podido sacar provecho y crear un monopolio del chicle producido por los mayas, contando con el respaldo irrestricto que le han brindado los titulares del Ejecutivo estatal desde Joaquín Hendricks Díaz.
Mientras la resina extraída de los elevados árboles de chicozapote se comercializa como chicle orgánico en los mercados internacionales, la llamada sustentabilidad de este producto sigue alejada de los indígenas mayas que lo recolectan, quienes carecen de seguridad social, incluso de la posibilidad de poder vender el chicle libremente en el mercado, antes eran víctimas de intermediarios, ahora “el Consorcio Chiclero” monopoliza la compra.
Pero a través de una fuerte publicidad, impulsada principalmente en medios electrónicos y caras revistas extranjeras como Forbes, Aldrete Terrazas se ha encargado de vender una realidad totalmente diferente, en la que pinta a los chicleros como los mayores beneficiarios de la marca Chicza, dejando una utilidad anual de hasta por 3 millones de pesos.
La realidad que revelaron los productores mayas dista mucho de la presentada por la publicidad de Chicza y por Aldrete Terrazas, ya que esa supuesta utilidad que se obtiene anualmente no les llega, porque a ellos sólo les pagan por el producto que les compran y además, se trata de cantidades miserables por una materia prima que extraen con mucho trabajo y riesgo.
En la temporada 2018-2019, pagó el kilo de chicle a 80 pesos, pero en Alemania un paquete de 30 gramos de chicle de Quintana Roo se vende a dos euros. Al tipo de cambio del 15 de febrero de 2019, los dos euros representan 43 pesos mexicanos con 47 centavos.
De 999 gramos de chicle comprado a los recolectores de Quintana Roo, Chicza produce 33 paquetes de 30 gramos, obteniéndose a la venta 66 euros, es decir un mil 438 pesos mexicanos, mientras que al productor, por mil gramos sólo le pagan 80 pesos, e inclusive en el año hay a quienes les pagaron 70 pesos.
El Consorcio Chiclero se jacta de tener un programa social para los recolectores de la goma, con beneficios superiores a los de muchas empresas formales del país, tales como becas educativas, fondos de pensiones, de atención médica y hasta de defunción, entre otros.
Los productores mayas de Quintana Roo revelaron que esto también es una gran mentira, tal y como se dio a conocer en la edición impresa del pasado 15 de febrero, porque no tienen seguridad social, ni becas y mucho menos pensiones para el apoyo de sus familias.
De hecho, Chicza le hace una retención por cada kilo a cada productor, para conformar un “fondo solidario de previsión social”, pero muchos de los chicleros no saben en qué consiste, o al menos no han tenido acceso a ese fondo.
El Consorcio Chiclero como empresa social integradora, presume haber recuperado la dignidad de los productores chicleros que tienen más de 100 años vendiendo materia prima, ahora lograron incorporarse a la lógica del capital, tienen su propio producto y su propia marca, que es Chicza, además de que controlan toda la cadena productiva desde la extracción de chicle natural, hasta la distribución y venta en los mercados internacionales.
La realidad que revelaron los entrevistados es que el chiclero sigue siendo tratado como antes, sólo interviene para extraer la resina y se le paga lo que puede cosechar, y al no haber más compradores del chicle sólo pueden venderle a la cooperativa.
Los chicleros mayas coinciden en que hacen falta compradores que paguen más por su trabajo y así ellos decidan a quien venderle, pues actualmente la producción de chicle orgánico en el sureste mexicano está bajo el monopolio de la marca Chicza, a través de la empresa Consorcio Chiclero, encabezada por Manuel Aldrete Terrazas, y todos los años padecen el mismo problema de que les “macheteen” el precio que les pagan por el kilo de resina, mientras las millonarias utilidades que se anuncian nada más no les llegan.
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