De la Redacción
PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD, 26 de marzo.- Nadie se salva de la extorsión de los grupos criminales que operan en este destino turístico, entre sus víctimas más recientes se encuentran decenas de prestadores de servicios acuáticos y/o propietarios de lanchas de pesca deportiva y de turismo, quienes se han retirado para no pagar “derecho de piso” que les exigen para dejarlos trabajar con protección e incluso por seguridad algunos huyeron de la ciudad, porque intentaron levantarlos para obligarlos a pagar, esto, ante la indiferencia cómplice de las autoridades federales, estatales y municipales.
Las extorsiones de los presuntos jefes de plaza y brazos armados de grupos de la delincuencia organizada han originado que representantes de agrupaciones y sindicatos dejen la ciudad con todo el patrimonio forjado por año, a fin de salvar la vida y la de sus familias, por el miedo de que cumplan las amenazas de matarlos y con el cobarde crimen de “El Chapo” el riesgo es mayor.
Son cuotas por “derecho de piso” que alcanzan los 5 mil pesos mensuales por embarcación para dejarlo trabajar sin ser molestados e incluso, aseguran brindarles protección de cualquier otro grupo antagónico que pretenda desplazarlos, sin considerar todos los permisos de servicio náutico para actividades de recreo, pesca deportiva y pesca ribereña.
Con estas extorsiones, los presuntos delincuentes no únicamente atentan contra el destino turístico sino acaban con el patrimonio de los propietarios y de los cientos de empleos que generan, al menos cuatro personas en una menor embarcación entre el capitán, marinero, guía y ayudante.
De acuerdo a la denuncia de los lancheros aseguran que los sujetos que se hacen pasar por integrantes del crimen organizado que se disputan la plaza para el tráfico y venta de droga, cobro de extorsiones y demás actividades ilícitas, llegan armados a los centros laborales para hablar con el propietario de la embarcación e incluso con los nombres a la mano, de no encontrarlos dejan un número telefónico a los empleados para que se comuniquen en 24 horas.
Primero fueron los propietarios de embarcaciones que se anclan en la zona de Cocobeach, aledaña a la prolongación de la avenida CTM con zona de playas y luego se extendieron a El Recodo a la altura de la calle 14, logrando ahuyentar a decenas de ellos, quienes por seguridad decidieron dejar de operar, lo cual es evidente por el número de lanchas atadas en la orilla de la playa.
Finalmente, pese a las denuncias públicas sobre el avance en las extorsiones de la delincuencia organizada ninguna autoridad toma cartas en el asunto, asumiendo una indiferencia cómplice provocando la pérdida del patrimonio de los lancheros, las fuentes de empleo y de la actividad económica de este destino turístico que tiende al fracaso por la voracidad de los grupos delincuenciales.