Por Gerardo Reynoso
El anuncio de la “entrada en servicio” de la plataforma digital de transporte, Uber, que lanzaron sus representantes, abrió de nuevo la confrontación en el sector y generó una amplia incertidumbre entre la ciudadanía, porque además afecta la imagen turística. Pues no cuentan con las autorizaciones debidas como marca la ley y aún así, difundieron abiertamente el anuncio de su retorno.
De acuerdo con Erasmo Abelar, dirigente del sindicado de taxistas “Andrés Quintana Roo”, Uber no puede operar en Quintana Roo y en Cancún porque no tiene el amparo que menciona la empresa transnacional.
Indicó que su anuncio de entrada de operaciones es una provocación abierta tanto a la autoridad estatal como al gremio de choferes, y a la misma ciudadanía, porque no tienen nada, ni vehículos, ni permisos ni nada. Por lo cual, se buscará hacer frente legalmente a esta situación, en donde descartó confrontaciones.
Erasmo Abelar dio a conocer que el Juzgado Cuarto de Distrito con sede en Cancún, le negó el amparo a Uber y sobreseyó su solicitud por carecer de fundamentos violatorios de la ley.
El juicio de amparo 1428/2018 fue promovido por Uber México Technology & Software, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su apoderado legal Gerardo Fernández Ortiz, en contra de actos de la XV Legislatura del Estado de Quintana Roo y otras autoridades.
Al respecto, el dirigente del Sindicato Taxista “Andrés Quintana Roo”, sostuvo que la transnacional sigue sin entender lo que representa el fallo del juez cuarto de Distrito de Quintana Roo, respecto al juicio de amparo 1428/2018, a favor de los trabajadores del volante.
Lo anterior dijo, se debe a que Uber no debiera operar debido a que la ley es clara en Quintana Roo, en cuanto a la entrega de concesiones para transporte público se refiere.
Asimismo, el dirigente de taxistas señaló que la trasnacional no cuenta con la resolución del amparo que promovió, por lo que dijo que de comenzar a dar servicio, tendrá que enfrentar a la ley.
Ahora Uber tendrá que respaldar legalmente su entrada en operaciones o de lo contrario estaría violentando la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo, la cual es clara en concesiones
Antecedentes del conflicto.
Uber inició sus operaciones en el principal destino turístico del país, el 14 de septiembre de 2016.Un año atrás, en julio de 2015, el Congreso de Quintana Roo modificó la Ley de Tránsito, Transporte y Explotación de Vías y Carreteras del Estado, para incluir a las plataformas digitales entre los servicios de transporte público que se permitían en la entidad; sin embargo, entonces se estipuló que el gobernador tendría que dar la concesión para tal fin.
Las unidades de Uber en la localidad no cumplían con este requisito. Al ser detectados, los vehículos eran encerrados en el corralón y para su liberación debían pagar multas de 56 mil pesos.
En estas condiciones y luego de enfrentamientos con taxistas, Uber decidió suspender actividad en la ciudad el 27 de diciembre de 2017 a la espera de que se pudiera regularizar la operación. Durante su primera etapa de operaciones, dos personas murieron por los enfrentamientos.
El Congreso local, en tanto, ofreció crear una Ley de Movilidad para la entidad que regularía la actividad de las plataformas digitales. Aunque el compromiso fue de aprobar esta norma en un trimestre, la reglamentación se pasó hasta mediados de 2018. En su primera versión contemplaba que la plataforma digital sólo requería solicitar al Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo) una autorización o permiso.
Sin embargo, una reforma publicada en julio de ese año cambió esta figura por la de concesión.
Ante ello, la empresa promovió un amparo para mantener la versión original de la ley y no requerir la concesión; el 4 de diciembre de 2018 un juez federal otorgó una suspensión definitiva a la aplicación de la reforma a la Ley de Movilidad estatal.
En febrero de 2019, Uber retomó el proceso para regresar a esta ciudad, pues solicitó su registro como Empresa de Red de Transporte (ERT) ante el instituto.