De la Redacción
CHETUMAL, 29 de agosto.- Los 25 diputados de la XV Legislatura se despedirán del Congreso del Estado con una nómina sobrecargada y sin haber cumplido su declaración tres de tres, compromiso que asumieron cuando entraron en funciones en septiembre de 2016, pero tras llegar al poder se olvidaron totalmente y se dedicaron a todo tipo de lujos sin conocer la palabra austeridad.
Quienes entraron al recinto rompiendo puertas y tirando vallas disfrazados de ovejas, hoy se retiran silenciosamente y por la puerta de atrás, como lobos sigilosos procurando salir de puntillas, pero ya con el botín en la mano.
Las diputadas y diputados mantuvieron hasta el final su política de total opacidad, negándose a rendir cuentas a la sociedad quintanarroense que con su voto los eligió, pues se mantuvieron renuentes a presentar y hacer pública su declaración tres de tres, que incluye la declaración patrimonial, de intereses y fiscal.
Esto se puede constatar en la página de la iniciativa ciudadana tres de tres, www.3de3.mx, donde se puede comprobar que de los 25 diputados que integraron la XV Legislatura del Congreso de Quintana Roo, sólo cumplieron este compromiso cinco de ellos, aunque fue de años anteriores y tampoco la actualizaron.
Los que llegaron a presentar y transparentar su declaración tres de tres fueron la diputada María Yamina Rosado Ibarra, que lo hizo a mediados de 2018; la diputada Eugenia Solís Salazar, que la presentó a mediados de 2016, pero tras llegar a la XV Legislatura no volvió a cumplir con esta responsabilidad moral; así como los legisladores Fernando Zelaya Espinoza, Eduardo Martínez Arcila y la diputada Jenni Juárez Trujillo, que lo hicieron en 2017 y después no volvieron a actualizar su información patrimonial, de intereses y fiscal.
Ningún otro de los 25 diputados que conforman la XV Legislatura cumplieron este compromiso, el cual asumieron desde septiembre de 2016 cuando tomaron su curul en el Congreso del Estado.
Se trata de una legislatura que siempre pregonó un falso discurso de transparencia y rendición de cuentas, pero no lo puso en práctica, pues al concluir sus tres años de labores nunca pusieron a disposición de la ciudadanía su tres de tres, con lo que también faltaron al compromiso del gobierno de Carlos Joaquín González, quien anunció que todos los funcionarios del PAN-PRD darían a conocer su declaración patrimonial, de intereses y fiscal, incluyendo a sus diputados locales.
Por el Partido Acción Nacional (PAN) incumplieron la diputada Gabriela Angulo Sauri y el diputado Jesús Zetina Tejero; mientras que del Revolucionario Institucional (PRI) faltaron Alberto Vado Morales, Raymundo King de la Rosa, José Luis González Mendoza, así como las diputadas Elda Candelaria Ayuso Achach y Leslie Hendricks Rubio.
Del Partido Verde (PVEM) todos sus diputados se han mantenido en la opacidad, siendo estos Tyara Schleske de Ariño, Santy Montemayor Castillo, José Carlos Toledo Medina y José de la Peña Ruiz de Chávez.
Por el Partido Nueva Alianza (Panal) quedaron a deber el diputado Ramón Javier Padilla Balam y la diputada Adriana del Rosario Chan Canul, esta última entró como suplente en el primer semestre de 2018.
Del Partido Encuentro Social (PES) no rindieron cuentas el diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio, quien más tarde se separó de dicho instituto político y se declaró independiente, así como la exmorenista Silvia de los Ángeles Vázquez Pech; en tanto que los diputados independientes incumplidos fueron el experredista Emiliano Ramos Hernández, el expriista Juan Carlos Pereyra Escudero, el exmorenista Juan Ortiz Vallejo, así como los diputados suplentes Luis Ernesto Mis Balam y Teresa Sonia López Cardiel.
También fue cómplice el contralor interno del Congreso, Jorge Alberto Rejón Chan, quien no hizo nada a pesar de estar facultado para exigir y garantizar que se cumpla la rendición de cuentas de los diputados, revisando sus respectivas declaraciones anuales ante cualquier posible hecho de corrupción que la información pueda arrojar, especialmente para descartar un posible enriquecimiento ilícito, conflicto de intereses o cualquier otro acto ilegal.
Duplicaron la nómina
del Congreso
Los diputados de la siguiente XVI Legislatura recibirán una nómina sobrecargada e inflada casi al doble, que les será heredada por el pago de favores políticos y el acomodo de allegados de los diputados salientes.
En 2016, que correspondió al último año de la XIV Legislatura, se tenía un total de 389 plazas en el Congreso de Quintana Roo; pero en 2018, siendo el segundo año de la XV Legislatura, se informó que el personal aumentó a 609 empleados, de acuerdo con el estudio Informe Legislativo (2016 y 2018) presentado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).
Hasta el primer trimestre de 2019, la Unidad de Transparencia del Poder Legislativo informó de 489 plazas ocupadas en el Congreso de Quintana Roo, que corresponden a 172 puestos de base y 317 de confianza. En dicho periodo se dio a conocer que quedaron acéfalos 3 puestos de confianza, además se dieron de baja 4 plazas de base, tres por jubilación y una por fallecimiento.
Sin embargo, el oficial mayor del Congreso, Gerardo Martínez García, en recientes declaraciones ha revelado la existencia de aproximadamente 602 trabajadores en la nómina del Congreso, entre los que se encuentran eventuales, de base y de confianza.
Dicha cantidad la dio a conocer en una entrevista relacionada con el “bono de fin de trienio”, que se otorgará al personal del recinto legislativo, gratificación que aseguró se acostumbra dar al término de cada legislatura, como una forma de reconocer y agradecer el trabajo de los empleados.
Con esto se demuestra que sin justificación aparente, el presidente de la Gran Comisión y diputado panista, Eduardo Martínez Arcila, permitió que se incrustara a más de 200 nuevos trabajadores en la nómina del Congreso, los cuales serán heredados a la siguiente XVI Legislatura.
Cuando asumió la presidencia de la Gran Comisión del Congreso del Estado, el diputado Martínez Arcila condenó a sus antecesores de la XIV Legislatura, acusándolos de haber “inflado” la nómina del Congreso y generar una “sobrecarga burocrática”, que no tenía razón de existir, pues llegó a asegurar que detectaron la presencia de aviadores, quienes no tenían funciones específicas y otros más que ni siquiera asistían al recinto legislativo.
En esa tesitura, el diputado panista se “comprometió” a revisar a fondo la nómina del Congreso, con el objetivo de reducirla de aquellos puestos que no eran necesarios, ya que para ese momento estaba muy latente el compromiso de austeridad asumido por el gobierno estatal del PAN-PRD.
Pero Arcila incumplió su palabra y no sólo no redujo la nómina legislativa, sino que la engrosó con más trabajadores que entraron por mera recomendación de los diputados, creando incluso nuevos puestos para saldar favores políticos y cuotas partidistas, o simplemente para incrustar a los amigos y allegados de los diputados.