Por Miguel Ángel Fernández
CHETUMAL, 26 de enero.- Tulum es sin duda un paraíso terrenal, tiene hermosas playas, hoteles exclusivos que cautivan a celebridades de todo el mundo, además tiene una ciudad maya construida frente al mar, en un acantilado desde donde se aprecian los tonos turquesa del mar Caribe en todo su esplendor.
Tulum es una de las zonas arqueológicas quintanarroenses más visitadas y cuenta con los principales atractivos turísticos del país.
Sin embargo, este destino en franco crecimiento está en riesgo ante el acelerado crecimiento sin planeación, sin orden, sin los servicios elementales y sin prever el impacto ambiental.
Durante 2019 se expuso que la carencia de drenaje que atienda el crecimiento abre la posibilidad de que se registren casos de vertimiento de aguas negras al subsuelo, las zonas de manglar y hasta los cenotes que son tan comunes en la región y que forman parte de los atractivos turísticos.
Se han presentado casos de hoteles que han hecho pozos profundos para abastecerse de agua para sus inquilinos, pero no le dan mantenimiento y el agua incluso tiene verdín.
Otro de los problemas del crecimiento es la enorme producción de residuos sólidos urbanos. Durante 2019 se reconoció que se producen en promedio 100 toneladas al día y en temporada alta hasta 170 toneladas al día, pero el Ayuntamiento de Tulum no tiene la capacidad para soportar tanta carga de generación.
Aunado a ello, la Procuraduría de Protección al Ambiente de Quintana Roo (PPA) reconoce que Tulum es el municipio donde más procedimientos en materia de impacto ambiental se realizaron por obras realizadas sin los permisos correspondientes. De tal manera, el noveno municipio superó en 2019 a Benito Juárez y Solidaridad, por las violaciones ambientales que cometen inversionistas que sin permisos realizan obras.
La situación difícilmente mejorará en Tulum, que camina hacia el colapso en sus servicios y una afectación al frágil ecosistema de ríos subterráneos, debido a que durante los últimos días de 2019, el Cabildo de Tulum cambió el uso de suelo de más de un mil 600 hectáreas, incrementando en cuatro veces la densidad poblacional de este municipio y sin prever perjuicios ambientales, el desorden del crecimiento y sin que existan los servicios para soportarlo, denunció el Colegio de Arquitectos e Ingenieros de Tulum.
Expertos del colegio acudieron a la capital del estado para señalar que estas modificaciones fueron realizadas por el Cabildo de Tulum y ya fueron publicadas en el Periódico Oficial de Quintana Roo, sin estudios ni permisos ambientales, por lo que pidieron que el Congreso del Estado revierta estas medidas, pues aseguran que se trata de modificaciones que van contra las leyes federales, que en muchas de las zonas impactadas no tienen certeza legal los predios y otras se encuentran sobre los ríos subterráneos.
Manuel Fernando Aznar, Alfonso Ocampo y Alejandro Álvarez acudieron al Congreso del Estado para exponer diversas irregularidades que cometió el gobierno municipal de Tulum, encabezado por Víctor Mas Tah, en este proceso incluso dijeron que se preparan para proceder legalmente.
Lo anterior porque señalan que de las un mil 600 hectáreas que cambiaron de densidad sin orden, planeación y sin justificación legal, 819 hectáreas se encuentran sobre ríos subterráneos y carecen de restricciones.
Por otra parte, afirman que a pesar del valor antropológico de los ríos subterráneos, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) no fue tomado en cuenta para este cambio de uso de suelo.
La situación es tan delicada que también se aprobó densificar bloques en el ejido Pino Suárez, en lugares donde no hay caminos de acceso ni servicios.
Según la exposición de los expertos, el 90 por ciento de los predios que recibieron mayor densificación están fuera del Programa de Desarrollo Urbano (PDU), por lo que son forestales y no les pueden cambiar el uso de suelo de esa manera, por lo que consideran que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) debe intervenir.
Otras anomalías son que otras 76 hectáreas modificadas se encuentran en zona de preservación ecológica.
Además 560 hectáreas carecen de dominio pleno, es decir, son predios ejidales que tienen títulos parcelarios o son tierras nacionales que no han pasado a dominio pleno, no han pasado al Registro Público de la Propiedad, además de estar fuera del PDU y de la traza urbana.
Otra observación es que se modifican 20 hectáreas que están sobre la carretera Chetumal-Cancún, cerca de Xel-Há, y están contempladas dentro del Programa de Ordenamiento Ecológico Local, por lo que tampoco podían modificarle la densidad, según los especialistas.
Las modificaciones que han levantado polémica fueron publicadas en el Periódico Oficial del Estado los días 19, 23 y 24 de diciembre de 2019.
Es necesario mencionar que intereses políticos y económicos están detrás de la modificación del uso de suelo y aprovechamiento de más de mil 600 hectáreas en el municipio de Tulum. Lo anterior porque entre los nombres de los beneficiarios de estos cambios de uso de suelo que atentan contra el desarrollo ordenado de este municipio se encuentran el empresario Gastón Alegre López, padre del diputado federal Luis Alegre; el exsecretario general del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Tulum, Audomaro Solís Pacheco; y también la expresidenta del DIF Tulum 2016-2018, María Guillermina Miranda Miranda.
Llama la atención que la mayoría de predios beneficiados con este procedimiento realizado a finales de 2019 por el Cabildo de Tulum se encuentran a nombre de Héctor Navarrete Muñoz, director de Aeropuertos Regionales de Asur; también figura el nombre Héctor Navarrete Medina, presidente de la Asociación de Hoteles de Yucatán.
Es necesario mencionar que de las un mil 600 hectáreas que fueron objeto de la cuestionada modificación, en ninguna parte de los documentos se toma en cuenta la existencia de lagunas, humedales, cenotes, ríos subterráneos, tierras frágiles, con tal de otorgar de manera discrecional las nuevas densidades.
La anomalía llega a tal grado que hay casos en que les fueron aprobadas 60 viviendas por hectárea y a tres niveles, lo que deja en estado de indefensión a toda la tierra.
De acuerdo con especialistas, esto provocaría que el terreno se hunda, además de que por la carencia de toda planeación no existe la capacidad para atender con servicios básicos, como drenaje y agua potable a estas nuevas zonas que han sido objeto de la nueva densidad.
Al ser planteado en el Congreso del Estado por el Colegio de Arquitectos e Ingenieros de Tulum, se deslizó precisamente que un grupo de inversionistas de Mérida, Yucatán, impulsaron en gran medida y hubo quienes manifestaron que fue un “negocio” de unos 500 millones de pesos.
El día 19 de diciembre se publicó la aprobación de un polígono de aprovechamiento estratégico de actuación urbanística de carácter privado, el proyecto de densificación bajo la figura de cambio de aprovechamiento y densificación de diversos predios, y el acuerdo mediante el cual se aprueba el proyecto de densificación para el aprovechamiento óptimo, bajo la figura de un polígono de aprovechamiento estratégico de otra parcela, todos del municipio de Tulum.
El día 23 de diciembre se aprobó el proyecto de densificación para el aprovechamiento óptimo de diversas parcelas; y finalmente, el día 24 de diciembre otro proyecto de densificación bajo la figura de cambio de aprovechamiento y densificación de otro número importante de parcelas de Tulum.
Sobre este asunto, la diputada Euterpe Gutiérrez Valasis consideró que el Cabildo de Tulum debe reconsiderar y, de ser necesario, modificar o remover lo que contravenga la legislación federal y estatal en la materia.
Gutiérrez Valasis afirmó ante los colegiados que el Programa de Desarrollo Urbano de 2006 al 2030 de Tulum estaba proyectado para 45 mil viviendas y con las modificaciones se aumenta a 120 mil viviendas.
Coincidió con los expertos, en el sentido que el procedimiento para el cambio de uso de suelo de tal magnitud debió cumplir diversos requerimientos legales y técnicos de acuerdo con las leyes federales, estatales y municipales, como lo son el derecho de audiencia, consultas públicas, estudios de impacto ambiental, estudios técnicos, la instalación de un consejo municipal para hacer esos cambios, así como también debió tomarse en cuenta el impacto social.
Por lo mismo, dijo que se hará un llamado al Cabildo de Tulum para que reconsidere y revise lo que aprobaron, que escuchen a los expertos, sean considerados y si hay algo que atender, modificar o remover, se tome la decisión de hacerlo por el bien de Tulum.