Por Miguel Ángel Fernández
CHETUMAL, 7 de enero.- El tesorero del Poder Legislativo, José Polanco Bueno, está involucrado en los problemas legales que afectan la operación del tiradero de Chetumal. Un problema del Ayuntamiento de Othón P. Blanco que sigue vigente por la incapacidad de quienes han gobernado el municipio capitalino.
Diariamente, toneladas de desperdicios son vertidas sin orden en el basurero municipal de Chetumal, que en algún momento fuera catalogado como relleno sanitario, pero que hoy en día es un tiradero a cielo abierto que se ha convertido en un problema de salud pública.
El inadecuado manejo del basurero representa un alto riesgo de contaminación para el subsuelo y el cuerpo de agua más cercano, que es la Bahía de Chetumal, un área natural protegida.
Uno de los principales problemas es que el Ayuntamiento de Othón P. Blanco otorgó una concesión “leonina” a una empresa que nunca invirtió en la construcción de una planta de tratamiento, alegando problemas legales con el predio.
El contrato mencionaba que en la planta de tratamiento, de manera inicial, se invertirían 30 millones de dólares estadounidenses y estaría operando en los ocho meses posteriores a la firma del contrato.
Sin embargo, el principal punto que estancó la instalación de la planta de tratamiento fue la certeza jurídica del predio donde se asentaría la inversión, pues el gobierno municipal encabezado por Andrés Ruiz Morcillo comprometió un predio que no era propiedad de la comuna.
Lo anterior consta en el contrato de concesión, que señala que “los terrenos para el desarrollo del proyecto son predios que se encuentran localizados en el Ejido Calderitas, cuyo conjunto contiene una superficie de 6-73-85.01 hectáreas, de las cuales es posesionario el ayuntamiento, según contrato de usufructo celebrado en fecha 14 de diciembre de 2008, el cual le fuera concedido el uso y disfrute por treinta años”.
Seguidamente, establecía que sería un particular, en la figura del entonces tesorero, José Gabriel Polanco Bueno, el encargado de regularizar el predio, aun cuando no era siquiera el apoderado legal de la comuna.
“Además, dicha superficie, en fecha 17 de mayo de 2009, en asamblea general de ejidatarios asignan al C.P. José Gabriel Polanco Bueno, tesorero municipal, dicha superficie para que le sea expedido el certificado parcelario, quien a su vez trasladaría al patrimonio municipal”, así lo dice el contrato, que muestra cómo se pretendía realizar un procedimiento irregular, primero otorgando el predio a un particular y posteriormente, éste lo transferiría a la comuna.
Ante esta y otras irregularidades asentadas desde el contrato de concesión, es que desde la pasada administración y en la actual se han realizado acciones para retirar la concesión, la cual se busca otorgar a otra empresa, pero se han topado con la resistencia jurídica de Intrasiso, que con un amparo revirtió dos intentos de revocación de su contrato, pese a que nunca realizó inversión alguna.
Lo grave de este asunto es que en este conflicto legal está involucrado el entonces tesorero del Ayuntamiento y actual tesorero del Poder Legislativo, José Polanco Bueno.
Y mientras sigue la batalla en los juzgados entre el ayuntamiento, que en la presente administración de Otoniel Segovia Martinez ha declarado que se realizan los trámites para un nuevo intento de revocación, el basurero opera de manera inadecuada y eso ha derivado otros problemas, como una multa por más de 3 millones de pesos por parte de la Procuraduría de Protección Ambiental y una sentencia emitida contra la comuna que lo obligaría a realizar la clausura del tiradero en el corto plazo.
Para conocer que tan lejos está el basurero municipal de ser un relleno sanitario, basta mencionar que no hay tratamiento de lixiviados ni biogás, no hay una barda perimetral, drenaje pluvial, ni control de los residuos que ingresan.
Otro punto negativo es que el vertedero debe estar alejado a una distancia mínima de un mil 500 metros a partir del límite de la traza urbana de la población por servir, pero por el crecimiento urbano de Chetumal hacia el norte, sobre tierras que pertenecían a la dotación ejidal de Calderitas, el basurero ya se ubica a tan sólo 450 metros de las casas del fraccionamiento Las Américas III.
Supuestamente para atender las condiciones del basurero en 2010 se otorgó una concesión a la empresa Intrasiso, que proponía dar tratamiento a los residuos sólidos, pero que nunca operó y actualmente se ha convertido en un obstáculo para entregar a otra empresa el manejo de la basura.