Por Ramiro Can
CHETUMAL, 23 de febrero.- El juez de control Ramón Jesús Aldaz Bencomo vinculó a proceso al exconsejero jurídico en el gobierno de Roberto Borge Ángulo, Raúl Enrique L. M, por el delito de peculado, por la cantidad de un millón 187 mil 900 pesos.
Sin embargo, el servidor público obtuvo su libertad luego de que el juez de control le impusiera como medidas cautelares el embargo de un vehículo marca Nissan, con placas de circulación UTC-805-A , el 75 por ciento de las acciones de la empresa Sociedad Mercantil Industrializadora Maderera de Quintana Roo, e ir a firmar cada día 15 y 30 de cada mes durante dos años.
Esto se dio durante una adiencia que tuvo una duración de alrededor de ocho horas, en la sala número uno de los Juzgados Penales Orales de esta ciudad, en donde estuvieron presentes los abogados del exservidor público y los fiscales del Misterio Público.
La audiencia de imputación inició alrededor de las 11:00 horas en dicha sala de los Juzgados Penales Orales, donde primeramente el juez de control preguntó a los abogados del imputado si ya conocían el contenido de la carpeta administrativa en la que acusan a su cliente por el ilícito de peculado.
A lo que los abogados contestaron que apenas se les había entregado dicha carpeta, por lo que pidieron al juez de control un tiempo de dos horas para conocer a fondo el contenido del expediente.
De esta forma, se llevó a cabo un receso de dos horas, reunando la audiencia a las 13:20 horas. Una vez que reinició la audiencia, el fiscal del Ministerio Público hizo la acusación en contra de Raul Enrique M. L.
La autoridad ministerial señaló que en el mes de marzo del año 2017, Lili Campos Miranda, en aquel entonces directora jurídica del gobierno del estado, presentó una formal denuncia en contra de Raúl Enrique M. L., por el delito de peculado, por la cantidad de un millón 187 mil 900 pesos.
Toda vez que en el acta de entrega a la Consejería se detectó un faltante de dinero por la cantidad de un millón 187 mil 900 pesos. Indicó que esa cantidad el exservidor público no pudo comprobar en que se gastó.
El exdirector jurídico del gobierno del estado, después de escuchar la acusación que obra en su contra, se reservó el derecho de declarar. Posteriormente, el fiscal del Ministerio Público solicitó al juez de control vincular a proceso al exfuncionario por delito de peculado, con base en las pruebas que obran en la carpeta administrativa.
A esa petición se opuso la defensa y al mismo presentó tres facturas notariadas, en las que se acreditó que el exservidor público pagó 750 mil pesos por concepto de acción inconstitucional 57-2016, exposición de motivos de formas al Poder Judicial y el pago que se hizo a Manuel Suárez Lastra de un trabajo de topografía de un terreno llamado Caracol, ubicado en Solidaridad.
El fiscal del Ministerio Público al hacer uso de la palabra nuevamente pidió al juez de control aplicar al acusado las medidas cautelares como arraigo domiciliario, un localizador electrónico para que no pueda darse a la fuga, el embargo de un vehículo marca Nissan, con placas de circulación UTC- 805-A, y la incautación del 75 por ciento de las acciones de la empresa Sociedad Mercantil Industrializadora Maderera de Quintana Roo.
Sin embargo, el juez de control al momento de resolver la situación jurídica del imputado, determinó vincularlo a proceso por el delito de peculado, con base en las pruebas ofrecidas en la carpeta administrativa.
No obstante, desechó lo del arraigo domiciliario y lo del localizador electrónico, por lo que le impuso las siguienes medidas cauterales; el embargo del vehículo marca Nissan, el 75 por ciento de las acciones de la empresa Sociedad Mercantil Industrializadora Maderera de Quintana Roo, e ir firmar cada 15 y 30 de cada mes durante dos años. De esta forma, forma, el servidor público obtuvo su libertad esta noche, alrededor de las 21:00 horas.
A su salida del Centro de Reinserción Social no quiso hacer ninguna declaración ante la prensa.