De la Redacción
El coordinador del ministerio público federal, Edgar Giovani “R. D.”, que encabezó el cateo a las cajas de seguridad la empresa First National Security (FNR) en 2017, junto con dos agentes más, fueron vinculados a proceso por un juez de Control, luego de que un tribunal federal determinó que dicha acción se hizo de manera ilegal, al no cumplir con las formas establecidas en la Constitución e incluso violentaron la existencia de un amparo que estaba vigente y por ende se le finca su probable responsabilidad en la comisión del delito de contra la administración de justicia.
Magistrados del Tercer tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con sede en Cancún, coincidieron por unanimidad que el fiscal adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud (UEIDCS), carecía de autorización legal para realizar el cateo.
En un comunicado, la Fiscalía General de la República (FGR) informó, este martes, que a través de la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos obtuvo vinculación a proceso en contra de dos agentes del Ministerio Público Federal (MPF) y un coordinador general, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de contra la administración de justicia.
En documentos extraídos dentro del acta circunstanciada vinculada a la carpeta de investigación correspondiente, figura el nombre de Edgar Giovani R. D., en calidad de agente del Ministerio Público de la Federación, como quien firma que se realizó dicha diligencia mediante la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIDCS-PUE/0000740/2017.
En la información que difundió la FGR, se establece que junto a Edgar Giovani, también fueron vinculados a proceso Angel “B” y Oscar “S”, luego de que el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de juez de Control, ordenó dicha vinculación por su probable responsabilidad en el delito en mención, previsto en el artículo 225, fracción XVIII del Código Penal Federal (Ordenar o practicar cateos o visitas domiciliarias fuera de los casos autorizados por la ley).
Pero además, se establece que en el caso de Edgar Giovani R. D., también se le vinculó por ser probable responsable del delito de violación a la Ley de Amparo.
Se informa que además el juzgador impuso las medidas cautelares consistentes en la presentación periódica ante el Centro de Justicia Penal Federal en turno en la Ciudad de México; la prohibición de acercarse a la víctima y testigos, (peritos, policías federales ministeriales, personal de apoyo del área específica de la institución, y agentes del MPF visitadores), así como la prohibición de acercarse a la unidad donde laboraban y a la empresa cateada probablemente sin autorización; a la vez que concedió a la defensa una investigación complementaria de seis meses.
En noviembre del año pasado, POR ESTO! dio a conocer que el procedimiento que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) instruyó para confiscar supuestos bienes del crimen organizado a dichas cajas de seguridad, careció de autorización de un juez y no se puso bajo resguardo las pertenencias de quienes no estaban relacionados con la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIDCS-PUE0000740/2017.
Pero también, se plasmó que todo había sido derivado de la detención de unas personas con armas de fuego y que además transportaban droga en la carretera Puebla-Córdoba como consta en el Informe Policial Homologado (IPH) 278/2017 con fecha de 9 de agosto de 2017 emitido por elementos de la entonces Policía Federal y que todo esto, es lo que habría derivado la investigación que arrojó el cateo, pues entre estas personas se encontraba Leticia Rodríguez Lara, alias “Doña Lety” y/o “La 40”, actualmente presa en un penal federal por sus vínculos con el crimen organizado.