Por Astrid Sánchez
El estado de Quintana Roo ocupa uno de los últimos lugares en el Indice de Estado de Derecho 2019-2020 realizado por la organización internacional World Justice Project (WJP), que mide el nivel en el que todos los habitantes de la entidad se adhieren a las leyes promulgadas.
Sólo por encima de Puebla y de Guerrero, Quintana Roo fue calificada de forma negativa en ocho factores: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal.
Para obtener estos resultados World Justice Project realizó 800 encuestas aleatorias a habitantes mayores de edad del estado, también consultó a especialistas en salud pública, justicia penal, derecho laboral y derecho civil así como realizó una recolección de datos administrativos y encuestas con representatividad estatal sobre temas de Estado de Derecho.
Este informe representa una de las mediciones más completas sobre el desempeño institucional en todo México y para conseguir los resultados se siguen las mismas mediciones y metodología que WJP ha utilizado a nivel global.
El puntaje del Indice se mide del cero al uno, en el que uno indica mayor adherencia al Estado de Derecho; Quintana Roo obtuvo 0.35 puntos.
El factor peor calificado (0.26) por los quintanarroenses fue el de Orden y Seguridad, el cual engloba una medición de homicidios, victimización, y percepción de seguridad.
Por otro lado, el que mayor puntaje obtuvo (0.46) fue el de derechos fundamentales, que mide la percepción sobre la ausencia de discriminación, derecho a la vida, respeto al debido proceso, libertad de expresión, libertad religiosa, derecho a la privacidad, libertad de asociación y derechos laborales.
En contraste, el vecino estado de Yucatán obtuvo el primer lugar del Indice con 0.46 puntos. Esto quiere decir que ninguna entidad alcanzó 0.50 de puntuación, situación que alerta sobre la demanda de hacer del Estado de Derecho una prioridad en el país, según comentó Alejandro Ponce, jefe de investigación de WJP.
“México enfrenta grandes desafíos en materia institucional, especialmente a nivel estatal y municipal. Por consiguiente, es necesario avanzar alianzas y políticas públicas que fortalezcan las instituciones y garanticen el cumplimiento de la ley”, señaló Ponce durante la presentación del Indice.