Por Luis Enrique Cauich
KANTUNILKÍN, LÁZARO CÁRDENAS, 7 de mayo.- La Comisión de los Derechos Humanos emitió una recomendación cautelar en contra del ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, a fin de que intervenga y evite bloqueos carreteros en su demarcación a fin de garantizar el derecho constitucional del libre tránsito, debido a los retenes que se han puesto en Chiquilá y Solferino.
La medida va en contra del alcalde del puerto de Chiquilá, Valerio Domínguez Mayoral, quien anunció en las redes sociales el blindaje del puerto por dos semanas, lo que para la Comisión de los Derechos Humanos del estado es un bloqueo al derecho al libre tránsito, a pesar de que sean medidas preventivas para evitar el coronavirus.
La dependencia consideró ilegal los retenes restrictorios colocados en Solferino y Chiquilá, debido a que no son del todo filtros que estén bajo el cargo de las autoridades y son los pobladores quienes determinan por juicio propio, quién entra y quién sale de su localidad, lo que ha ocasionado pleito entre los habitantes.
Como se ha informado desde el inicio, el Puerto de Chiquilá cerró su acceso desde el inicio de la cuarentena apoyando a la isla de Holbox, para evitar la llegada de turistas nacionales y extranjeros, y así evitar la llegada del COVID-19 hasta esta zona, acciones a los que varios días después se sumo la comunidad de Solferino.
La localidad optó por el cierre de la zona y el paso, sólo de habitantes locales y servicios esenciales, al considerar que las autoridades municipales no estaban haciendo su trabajo, de modo que tomaron acciones y medidas quizá consideradas violatorias del derecho al libre tránsito, por protegerse y proteger a sus familias, abogando a su derecho a la salud.