La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó 456 millones 350 mil pesos pendientes por aclarar o devolver en nueve Ayuntamientos de Quintana Roo, correspondientes a la Cuenta Pública 2023.
Lo anterior evidenció un sistema de auditoría local incapaz y renuente a fiscalizar con rigor los fondos federales, señalaron diputados del Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano MC.
Al mismo tiempo, el organismo estatal, encabezado por Miguel Zogby Cheluja Martínez, revisó los mismos fondos federales y no reportó las irregularidades que la ASF documentó.
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De los municipios reprobados por el auditor superior federal, David Rogelio Colmenares Páramo, ocho son gobernados por Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM): Othón P. Blanco, donde es presidenta municipal Yensunni Martínez Hernández, con diversas irregularidades por 15.2 millones de pesos; Benito Juárez, con Ana Patricia Peralta de la Peña, por 291.6 millones de pesos; José María Morelos, con Erik Borges Yam, con 400 mil pesos.
El Ayuntamiento de Bacalar, con José Alfredo Contreras Méndez por 33.3 millones de pesos; Felipe Carrillo Puerto, con Maricarmen Hernández Solís con 10 millones de pesos; Cozumel, con Juanita Alonso Marrufo con 3.9; Puerto Morelos, con Blanca Merari Tziu con 9.2 y Lázaro Cárdenas, con Emir Bellos con 2.3 millones de pesos.
Playa del Carmen, antes Solidaridad, y entonces bajo el Gobierno de Lili Campos Miranda, antes panista y hoy refugiada en la 4T, también está entre estos, donde la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo (Aseqroo), de Miguel Cheluja, encontró irregularidades, por 90.5 millones de pesos, pues en la entrega de su informe final al Congreso del Estado, a los demás 10, el fiscalizador local los declaró sin observaciones pendientes de solventar y los aprobó.
Paradójicamente, todos fueron “aprobados” por la Aseqroo, que encabeza el mencionado funcionario, ex tesorero municipal durante la administración de Yensunni Martínez Hernández, en Othón P. Blanco, uno de los municipios observados por la ASF.
Irregularidades que la ASF sí vio y Cheluja no
El informe federal es contundente: pago de remuneraciones indebidas, falta de comprobantes, adjudicaciones irregulares y obras fantasma. En contraste, la Aseqroo declaró solventadas o sin observaciones las cuentas públicas de la mayoría de esos municipios, maquillando los informes presentados ante el Congreso local.
Opacidad y presunta corrupción
Entre los Ayuntamientos con mayores anomalías, Benito Juárez encabeza la lista, con 291.6 millones de pesos sin aclarar, es decir, dos tercios del total estatal. Le siguen Playa del Carmen, con 90.4 millones, y Bacalar con 33.3 millones.
La ASF determinó que Cancún no realizó una gestión eficiente de los recursos del Ramo 28. El Ayuntamiento presidido por Ana Patricia Peralta de la Peña no comprobó 50 millones en combustible, ni 241 millones 435 mil pesos en pagos a Óptima Energía, concesionaria del alumbrado público, que no presentó evidencias de los trabajos, ni reportes técnicos de mantenimiento.
Ante esta situación, distintos legisladores levantaron la voz y exigieron rendición de cuentas. Por ejemplo, el diputado local José Luis Pech Várguez (MC) cuestionó la actuación del órgano estatal por la falta de resultados concretos en la fiscalización municipal.
“Esto no puede reducirse a papeles y dictámenes que no generan sanción, ni reparación del daño”, al referirse al panorama de observaciones sin consecuencias visibles. Mientras tanto, la Aseqroo omitió cualquier señalamiento sobre estos mismos fondos.
Cheluja Martínez sólo encontró irregularidades en Playa del Carmen, municipio gobernado entonces por Lili Campos Miranda (PAN), a quien observó por 174 millones de pesos en recursos estatales y propios. La ASF, en cambio, le atribuyó 90 millones en fondos federales, cifra mucho menor, lo que sugiere un sesgo político en la fiscalización estatal.
El contraste es evidente: mientras la Auditoría estatal endureció su revisión sobre una administración opositora, ignoró los desvíos y deficiencias en los gobiernos municipales de la 4T, donde los montos irregulares fueron mayores y las observaciones más graves.
Bacalar: anomalías en casi 10% del gasto
En Bacalar, encabezado por José Alfredo “Chepe” Contreras Méndez, se detectaron 33.3 millones de pesos sin justificar, equivalente al 9.8% del presupuesto municipal.
Entre ellos, 18.3 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (Faismun) fueron destinados a obras que no operan o presentan deficiencias estructurales. Por su parte, la Aseqroo dijo que el municipio “cumplió con las disposiciones legales”.
El caso más simbólico es el de Othón P. Blanco, donde la ASF halló irregularidades por 15.2 millones de pesos. Se trata del municipio donde Miguel Zogby Cheluja Martínez fungió como tesorero bajo el Gobierno de Yensunni Martínez Hernández, lo que plantea un claro conflicto de interés: el actual auditor estatal habría revisado su propia gestión pasada.
Ninguna acción sancionatoria, ni informe público detalla el avance de esa investigación.
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El diputado federal Ernesto Sánchez Rodríguez (PAN) expresó que presentará denuncias formales por la administración del municipio Benito Juárez, al constatar que de los 456 millones, 291.6 corresponden a ese Ayuntamiento, según la ASF.
Sánchez Rodríguez calificó la gestión municipal como “una de las más oscuras y desastrosas para Cancún” y señaló que “no puede haber impunidad ante el probable daño patrimonial de tal magnitud”.
El contraste, entre los informes del órgano federal y el estatal pone en tela de juicio la independencia y eficacia de la fiscalización en Quintana Roo.
Sostuvo que mientras la ASF emitió dictámenes negativos y exigencias de aclaración, la Aseqroo dio carpetazo a varios ayuntamientos con montos millonarios, sin que hasta ahora se conozcan sanciones, devoluciones o responsabilidades claras.
