La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó, en la revisión de la Cuenta Pública de 2023, irregularidades en el uso de recursos federales por más de 450 millones de pesos en nueve de los 11 ayuntamientos de Quintana Roo.
Los cuatro municipios de la zona sur: Othón P. Blanco, Bacalar, José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto, encabezados por morenistas reelectos, Yensunni Martínez, José Contreras, Eric Borges y Mary Hernández, respectivamente, figuran entre las demarcaciones con anomalías. Lo mismo que Playa del Carmen, Lázaro Cárdenas y Cozumel, aunque en este caso no corresponden a las gestiones de Estefanía Mercado, Nivardo Mena y José Luis Chacón, si no a sus antecesores, Lili Campos, Emir Bellos y Juanita Alonso, respectivamente.
Mas de la mitad de lo reportado por la Auditoría corresponde a Benito Juárez. La ASF señaló inconsistencias por 291 millones de pesos en ese Gobierno, de los cuales 241.4 millones corresponden al pago por la concesión del alumbrado público.
“Los pagos que se hicieron durante 2023 (más de 20 millones por mes) carecen del censo actualizado de las luminarias e infraestructura del sistema de alumbrado público del municipio, la evidencia de las etapas de modernización integral, mantenimiento y operación, el reporte de inversión de mantenimiento, el reporte de daños y el reporte de atención a la ciudadanía”, dice el informe de la ASF.
En Lázaro Cárdenas, la administración presidida por Emir Bellos, no justificó ni un sólo peso de los 2.3 millones que envió la Federación. No hay comprobantes del gasto por adquisición de equipamiento para elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal ni realización de obras.
En Puerto Morelos, la verde ecologista Blanca Merari, no ha podido solventar gastos por 9.2 millones de pesos de obras públicas que tienen que ver con el mejoramiento urbano del periférico sur “La Ceiba”, y la rehabilitación de pavimentación de diversas calles.
En Cozumel, durante la gestión de Juanita Alonso, no comprobaron 3.9 millones por la adquisición de dos perforadoras de pozos con compresor de aire.
Dos municipios no estuvieron en ese informe. Isla Mujeres (aunque Atenea Gómez aún debe explicar una obra millonaria que entregó sin licitación) y Tulum, presidido por Diego Castañón.
Lo de Playa del Carmen, por otra parte, contiene una paradoja política. Lili Campos cometió una irregularidad de 90 millones de pesos como alcaldesa panista, pero ahora es una protegida de la 4T, ya que es amiga de Ricardo Monreal y Pedro Haces.
Othón P. Blanco, gobernado por Yensunni Martínez Hernández, no ha justificado 4.5 millones de pesos, lo que ha llevado a la promoción de responsabilidades administrativas sancionatorias en dos casos.
Además, en lo que respecta a participaciones federales, las observaciones suman 10.6 millones de pesos, lo que también ha derivado en un proceso de sanción.
En el sector de infraestructura social, Bacalar, bajo la gestión de José Alfredo Contreras Méndez, no ha logrado comprobar el uso de 18.3 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y Municipal (FAISMUN). Además, enfrenta otro expediente por 14.9 millones de pesos en participaciones federales.
Felipe Carrillo Puerto, con Mary Hernández Solís, tiene un faltante de 9.4 millones de pesos en participaciones federales y ya enfrenta un expediente de proceso de responsabilidad administrativa sancionatoria.
La Auditoría Superior ha solicitado a los municipios involucrados que aclaren el destino de estos recursos. De no hacerlo, podrían enfrentar sanciones administrativas que incluyen la devolución de los montos observados o la presentación de denuncias ante las autoridades competentes.
