El Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) está bajo la lupa, luego que no solventara observaciones por 3 millones 868 mil 95 pesos, correspondientes a la Cuenta Pública 2023, informó la Aseqroo.
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De acuerdo con la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo (Aseqroo), al haberse agotado los plazos legales sin que el órgano electoral aportara documentación suficiente, el expediente fue remitido a la Unidad Especial de Investigación para el inicio de un procedimiento que podría derivar en denuncias penales ante la Fiscalía Anticorrupción.
De acuerdo con el informe final presentado por el titular de la Aseqroo, Miguel Cheluja Martínez —con corte al 30 de septiembre del 2025— el Instituto que preside Rubí Pacheco Pérez fue notificado desde febrero pasado sobre las irregularidades detectadas, pero no corrigió ni justificó plenamente el destino de los recursos públicos observados.
Entre las principales irregularidades se encuentran: comprobantes de gasto sin validez fiscal, pagos duplicados, diferencias en reportes contables, transferencias sin respaldo documental y erogaciones no vinculadas con la función electoral.
La Auditoría determinó que los elementos entregados por el Ieqroo “no acreditan el uso correcto de los recursos” y, por tanto, se mantiene la presunción de daño al erario.
Cheluja Martínez precisó que el caso fue turnado a la Unidad Especial de Investigación de la Aseqroo, que es la encargada de determinar si existen elementos suficientes para formular una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Quintana Roo.
Explicó que, en esta fase, se revisará la responsabilidad administrativa o penal de quienes autorizaron, supervisaron o ejecutaron los pagos observados.
La consejera presidenta Rubí Pacheco Pérez, junto con los responsables de las áreas de Administración, Finanzas y Contraloría Interna, serían los principales funcionarios bajo revisión.
La Auditoría señaló que, al tratarse de un organismo público local electoral, el Ieqroo está obligado a rendir cuentas con la misma transparencia que cualquier otra dependencia estatal, aun cuando goce de autonomía técnica y de gestión.
Dijo que, de confirmarse la presunta responsabilidad, las sanciones podrían incluir multas económicas, inhabilitaciones y procesos penales, dependiendo del grado de participación de los funcionarios involucrados.
Las acciones resarcitorias se aplicarían directamente sobre quienes resulten responsables del manejo irregular de los recursos.
Enfatizó que el Ieqroo agotó todas las instancias administrativas posibles y que, conforme a la ley, el siguiente paso es la vía penal, al no haberse acreditado la correcta aplicación del dinero público.
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Hasta el cierre de esta edición, el órgano electoral no había informado si presentó pruebas adicionales o algún recurso para intentar solventar el pliego de observaciones.
Sólo confirmó que el expediente sigue en revisión en su Unidad Especial, mientras se define si la Fiscalía Anticorrupción recibe formalmente la denuncia en los próximos días.
De acuerdo con expertos, de proceder la denuncia contra el Instituto, sería la primera vez que un organismo electoral estatal enfrenta una investigación penal por presunto daño al erario, lo que marcaría un precedente en materia de fiscalización y rendición de cuentas de los órganos autónomos en Quintana Roo.
JGH
