Abogados y representantes de organizaciones civiles urgieron que el abuso sexual sea tipificado como delito grave en el Código Penal.
Quintana Roo ha registrado mil 237 quejas por el mencionado crimen, incluidos sus agravantes, de enero a septiembre, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp).
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Sin embargo, la cifra podría ser mayor, ya que expertos en temas legales advirtieron que sigue sin estar plenamente definido en el Código Penal estatal, lo que genera vacíos en la justicia que obstaculizan las investigaciones y favorecen la impunidad.
Junto con Sonora, Aguascalientes y Guanajuato, Quintana Roo figura entre las entidades con mayor ambigüedad en la tipificación del delito de abuso sexual, pese a que la ley lo menciona de manera general.
La falta de precisión sobre qué conductas constituyen abuso, cuáles son sus agravantes y cómo se diferencia de otros delitos similares, ha sido señalada por la Secretaría de la Mujer, la Secretaría de Gobernación y el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, que exhortaron al Congreso local a armonizar la legislación estatal con los estándares federales y tratados internacionales y tipificarlo como delito grave.
De las mil 237 acusaciones registradas entre enero y septiembre de 2025, 912 corresponden a abuso sexual simple, 215 a acoso y 110 a abuso con agravantes, es decir, casos cometidos contra menores o con uso de violencia física o psicológica.
Tan sólo en Benito Juárez se concentran más del 60% de las carpetas de investigación abiertas este año, seguido de Playa del Carmen, Othón P. Blanco y Tulum.
Organizaciones civiles dedica das a la defensa de los derechos de mujeres y niñas en la entidad advirtieron que la falta de claridad jurídica ha provocado que muchos casos sean reclasificados o desestimados por el Ministerio Público, dificultando que las víctimas accedan a justicia.
Por su parte, Olivia Robledo, de la Red Feminista de Quintana Roo, dijo que hay irregularidades que permiten que los agresores salgan libres o que sus delitos se minimicen.
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“No existe una definición precisa de abuso sexual, ni un protocolo obligatorio de atención con perspectiva de género”, destacó.
La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) también pidió a las autoridades locales actualizar el Código Penal y los protocolos de investigación, ya que las inconsistencias en la ley estatal vulneran los derechos de las víctimas y complican las medidas de protección.