A más de un mes de que 20 personas fueran privadas de la libertad por presuntos integrantes del crimen organizado, los residentes de la comunidad Juan Sarabia no han recuperado la calma.
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El temor ha llegado al punto de que decidieron resguardar a sus adolescentes, a quienes ya no permiten asistir a la escuela, mientras que los maestros evitan pernoctar en viviendas del lugar ante el miedo de convertirse en nuevas víctimas. Entre tanto, las autoridades de la alcaldía continúan ausentes.
En el recorrido realizado por POR ESTO! de Chetumal —en dos ocasiones— el Alcalde no ha estado “localizable” ni en sus oficinas ni en su domicilio. Esta situación inquieta a los pobladores, pues no permanece en la comunidad en momentos de crisis.
Aunque el director general de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Joaquín Morales, aseguró la presencia de un número considerable de agentes y patrullas para restablecer la paz, ayer únicamente dos unidades vigilaban la zona.
Del mismo modo, la presencia de fuerzas federales, como el Ejército y la Marina, también es limitada. Según elementos de la policía, existen rondines e incluso vigilancia en cuerpos de agua donde se han observado embarcaciones con personas que, de acuerdo con los habitantes, no pertenecen al lugar.
Esta realidad mantiene en incertidumbre a la población. Aunque los alumnos de primaria acuden a clases con normalidad, el bachillerato continúa desierto porque los padres consideran a los jóvenes como el sector más vulnerable.
Si bien se aprecia un ligero incremento en la actividad diaria, con jóvenes conversando, mujeres paseando con carriolas y niñas caminando a la tienda, esta apariencia de normalidad sólo existe durante el día. Por las noches, el silencio domina nuevamente y las calles quedan vacías; los únicos vehículos que se escuchan son los de quienes regresan del trabajo y se encierran de inmediato en sus hogares.
La escuela llena de niños genera la ilusión de que todo marcha con normalidad, pero los menores no olvidan el día en que un joven fue “levantado” frente a la primaria, justo cuando iniciaban las clases. Hace apenas dos semanas retomaron actividades, aunque antes muchos suplicaron a sus padres abandonar el pueblo por miedo a ser “robados”, relataron madres de familia.
En los adultos, el recuerdo es más profundo: no sólo la desaparición de aquel muchacho, sino la de las 20 personas cuyo paradero sigue desconocido. No existe una sola pista; sólo preguntas —¿quiénes fueron?, ¿por qué ellos?— y ninguna respuesta, lo que incrementa la sensación de vulnerabilidad.
“Si al menos supiéramos el motivo, podríamos sentir algo de tranquilidad pensando que no nos ocurrirá lo mismo”, lamentó una vecina.
Mientras tanto, en la entrada de la comunidad ya no está el retén del Ejército, que ahora se ubica dentro del poblado. Vecinos afirman que cada mañana aparecen motociclistas que no son del lugar, como si inspeccionaran la zona. Apenas la semana pasada, durante dos noches seguidas, se escucharon disparos.
Ni los servidores públicos se libran del riesgo. Algunos incluso lamentan haber aceptado quedarse a cuidar el lugar, pues se saben expuestos. Aun así, las autoridades estatales les exigen calmar a los residentes, aunque ellos mismos temen convertirse en nuevas víctimas.
Incluso los visitantes perciben el ambiente de tensión. Los maestros de Misiones Culturales apenas pueden cumplir con su labor, ya que después de las 16:00 horas deben resguardarse en las casas donde son hospedados.
“Ni enseñan bien; en tres horas qué pueden hacer”, reprochó una vecina.
Pocos habitantes acuden a esas clases porque evitan salir, y quienes lo hacen suelen ir en vehículo para no exponerse a ser atacados mientras caminan. En ocasiones, las maestras deben trasladarse a los hogares para impartir ahí las lecciones.
Incluso los jóvenes dejaron de reunirse como antes, pues sus padres los consideran el grupo más expuesto y prefieren mantenerlos dentro de casa. Por ello, al bachillerato sólo acuden los docentes, quienes transmiten clases en línea desde el plantel mientras los estudiantes las toman en sus hogares. Los pocos que van a asesorías permanecen menos de una hora y son llevados y recogidos por sus padres.
La presencia policial ha disminuido, pese a que las autoridades aseguran lo contrario. Al inicio de las desapariciones, la comunidad era insuficiente para la cantidad de patrullas que circulaban; ahora sólo quedan dos unidades estacionadas junto al río, en el extremo del pueblo, relataron los asustados habitantes.
