Los antecedentes de destrucción de tierras por comunidades menonitas en Quintana Roo se remontan al inicio de su expansión agrícola en la región, hacia principios de la década de 2000. En 2001, comenzaron a establecerse de manera formal en ejidos como Salamanca, Blanca Flor y El Bajío, en el municipio de Bacalar, donde adquirieron tierras ejidales y las convirtieron en campos de cultivo mecanizado de sorgo, maíz y soya. Estas prácticas agrícolas, de carácter extensivo, involucraron el desmonte masivo de selva baja caducifolia y selva mediana.
Tan sólo en Salamanca se deforestaron más de 4 mil 600 hectáreas entre 2001 y 2021, es decir, más del 90 por ciento de su territorio ejidal, sin que se contara con las autorizaciones de cambio de uso de suelo expedidas por la autoridad ambiental federal.
En 2012, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente realizó inspecciones en el campo menonita conocido como “4 Banderas”, en el municipio de José María Morelos. Durante esas inspecciones se detectó un incendio forestal provocado de manera intencional para preparar terrenos agrícolas, afectando una superficie de casi 100 hectáreas de selva baja. Los responsables no presentaron ninguna autorización de cambio de uso de suelo ni permisos de quema controlada, lo que derivó en la presentación de denuncias penales ante las autoridades competentes.
En 2013, se ejecutaron operativos en otras áreas agrícolas menonitas donde se constató la quema y desmonte de aproximadamente 14 mil hectáreas de selva baja y mediana en Bacalar y José María Morelos. Este hecho derivó en la detención y puesta a disposición del Ministerio Público Federal en Chetumal de ocho personas de origen menonita por delitos ambientales graves, entre ellos la destrucción de recursos forestales y la alteración del ecosistema.
Durante 2017, se realizaron nuevas inspecciones en los ejidos El Paraíso, San Fernando y El Bajío. Las autoridades detectaron la remoción de la cubierta vegetal y la tala rasa en una superficie aproximada de mil 445 hectáreas. Se procedió a clausurar maquinaria pesada y a frenar el avance de los desmontes. Posteriormente, se impusieron sanciones económicas millonarias y la obligación de restaurar las áreas afectadas.
En los años 2017 y 2018, el ejido El Paraíso fue sancionado por la deforestación de 637 hectáreas y El Bajío por la pérdida de otras 678 hectáreas de selva, acumulando multas por más de 10 millones de pesos y comprometiéndose a presentar programas de restauración ecológica.
De manera paralela, organizaciones civiles y comunidades mayas denunciaron de forma reiterada el uso intensivo de agroquímicos altamente tóxicos, entre ellos carbofurán, clorpirifos e imidacloprid, que eran aplicados mediante fumigaciones terrestres y, en algunos casos, con avionetas. Estas prácticas generaron mortandad masiva de colmenas, contaminación de suelos y cuerpos de agua, y afectaciones a la salud de comunidades vecinas, quienes reportaron padecimientos respiratorios y problemas en la piel.
Entre 2001 y 2022, se alertó que aproximadamente 130 mil hectáreas de selva en Bacalar habían sido deforestadas por la expansión agroindustrial de asentamientos menonitas. Estas actividades transformaron de manera profunda el paisaje forestal y fragmentaron hábitats de fauna silvestre, incluidas especies protegidas.
En 2025 se documentaron nuevos desmontes en los ejidos Salamanca, Blanca Flor y San Fernando, con la eliminación de al menos 2 mil hectáreas adicionales de vegetación. Se detectó que continuaba la apertura de nuevas parcelas mediante maquinaria pesada y la quema de vegetación secundaria, pese a las sanciones previas y la obligación de reforestar.
Apicultores y campesinos de comunidades mayas también advirtieron que la fumigación aérea y terrestre con plaguicidas de alta toxicidad había devastado apiarios completos y reducido de manera significativa la polinización natural, afectando la producción de miel y los cultivos de las familias locales.
