En Quintana Roo se registran poco más de 2,500 casos mensuales relacionados con maltrato laboral, según datos del Centro de Conciliación Laboral del estado. Esta dependencia atiende un promedio de 700 audiencias semanales, de las cuales el 70% logra resolverse mediante acuerdos entre empleador y trabajador. Sin embargo, el 30% restante avanza hacia procesos judiciales.
Abogados consultados aseguran que muchas de las agresiones cometidas por empleadores deberían tratarse en el ámbito penal. No obstante, la falta de pruebas y el hermetismo que prevalece al interior de las empresas dificultan que estos casos prosperen, lo que deriva en impunidad.
El director del Centro de Conciliación, Iván Andrés Figueroa Reina, explicó que las denuncias han aumentado de manera considerable, principalmente por despidos injustificados, afectando sobre todo a empleados del sector hotelero. Destacó que, si bien es positivo que más personas busquen justicia laboral, aún persiste el desconocimiento entre los trabajadores sobre los pasos formales para hacerlo.
“Muchos quieren denunciar, pero dejan pasar el plazo legal porque no saben si acudir a la Junta Local o al Centro de Conciliación. Eso les cuesta su derecho a la defensa”, advirtió el funcionario.
De acuerdo con las cifras del organismo, el número de audiencias semanales aumentó de 400 a más de 700 en lo que va del año, siendo los municipios Benito Juárez y Playa del Carmen los principales focos de esta problemática.
La abogada penalista Diana Miramontes informó que, en lo que va de 2025, ha presentado 27 casos que pasaron del ámbito laboral al penal, debido a agresiones contra trabajadoras, que van desde maltrato psicológico hasta físico. No obstante, sólo seis han logrado avanzar en los tribunales.
“Muchos casos inician como violencia laboral, pero están acompañados de agresiones como acoso, maltrato físico o psicológico, lo que los convierte en delitos penales. Sin embargo, el difícil acceso a pruebas hace que los jueces los desestimen”, explicó.
Agregó que en la mayoría de los casos las víctimas no pueden usar el celular para documentar lo sucedido, y las empresas no facilitan grabaciones de cámaras de seguridad. Esta situación impide comprobar los hechos y deja a los agresores libres para reincidir.
