Persiste la venta de los llamados “chips certificados” a través de redes sociales y existen indicios de su distribución en mercadillos, tianguis y comercios no autorizados en distintos puntos de Quintana Roo.
Esta práctica se da en el contexto de la implementación de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, mediante la cual se ofertan de manera irregular chips de telefonía móvil, exponiendo a los usuarios a riesgos, ya que sin saberlo pueden convertirse en potenciales víctimas de delitos cometidos por medio de llamadas telefónicas
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La comercialización de estos artículos ha abierto una nueva oportunidad para la actividad delictiva; sin embargo, se trata de una práctica que existe desde la década de los 90, cuando comenzó la venta y adquisición irregular de grandes cantidades de tarjetas SIM. Al carecer de cualquier revisión legal, administrativa o de seguridad, su origen se concentró inicialmente en Ciudad de México.
En la práctica se ha distorsionado el objetivo principal de la telefonía móvil, que es mantener comunicada a la sociedad sin importar su ubicación. Actualmente, esta modalidad es utilizada para cometer delitos como amenazas, robos, secuestros virtuales, hostigamiento, acoso, extorsión, sextorsión y, en tiempos recientes, suplantación de identidad, advirtió el analista en Telecomunicaciones y docente en Ciencias de la Comunicación, José Guzmán.
“No se trata de una práctica nueva, es un fenómeno que se está gestando desde hace décadas y ahora se abrió la posibilidad para que grupos delictivos accedan a información que de otra manera no podrían obtener”, señaló el maestro Guzmán.
Añadió que lo que se pretendía como un registro de usuarios de líneas telefónicas no resultó el mecanismo idóneo, ya que los datos personales pueden ser comercializados por autoridades o empresas con prácticas corruptas.
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Mientras tanto, en redes sociales continúa la oferta y venta de chips, los cuales se promocionan con precios atractivos y la facilidad de que, al estar supuestamente “certificados”, el comprador ya no tendría que acudir a una compañía telefónica formal para realizar el trámite y obtener una línea bajo los nuevos estatutos legales.
“La biometría es una herramienta positiva: es útil, práctica y segura; sin embargo, si se implementa de manera incorrecta, sin una adecuada difusión, asesoría y bajo una presión que limita un servicio básico como la telefonía móvil, se propicia la desconfianza de la ciudadanía”, puntualizó Guzmán, y recomendó no caer en este tipo de ofertas, ya que se desconoce el verdadero origen y los riesgos pueden ser significativos.
