El Poder Judicial federal negó a Aguakan el amparo solicitado por la empresa para frenar una revisión fiscal ordenada por la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), cuyo objetivo es auditar sus estados financieros y el manejo de ingresos millonarios.
La resolución del Juzgado Segundo de Distrito, con sede en Benito Juárez, autorizó la emisión y ejecución de la orden de revisión de gabinete contenida en el oficio CAPA/DRAEF/2122/2025, fechado el 3 de diciembre del 2025. Mediante este documento, la CAPA busca acceder a los archivos contables de Desarrollos Hidráulicos de Cancún, sociedad mercantil propietaria de Aguakan, para realizar un análisis detallado de sus operaciones financieras.
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No se trata de un hecho aislado. De acuerdo con resoluciones judiciales consultadas en estrados por este medio de comunicación, la compañía ha promovido diversos juicios de amparo ante tribunales federales con la intención de impedir la fiscalización de sus recursos.
A mediados del 2024 impulsó una acción legal similar con el propósito de evitar la revisión de los ingresos correspondientes al ejercicio fiscal 2022. En ese procedimiento, el juzgado federal concedió el amparo, no por el fondo del asunto, sino por deficiencias en el procedimiento administrativo seguido por la CAPA, que posteriormente volvió a requerir información a la concesionaria.
El 31 de octubre del 2024, el Juzgado Quinto de Distrito también negó una suspensión solicitada por Aguakan contra otra inspección promovida por la Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal de la CAPA, mediante el oficio CAPA/DG/CJ/0481/2024, emitido en agosto de ese mismo año.
El juicio de garantías fue presentado el 24 de octubre del 2024 por Desarrollos Hidráulicos de Cancún, en un nuevo intento por frenar el acceso de la autoridad a sus estados financieros.
De acuerdo con el expediente 1049/2024, están en disputa varios millones de pesos que la empresa presuntamente no habría reportado a la CAPA.
El órgano jurisdiccional dejó constancia de que Aguakan intentó impedir el ingreso de la autoridad a sus registros contables, lo que incrementó la tensión entre la concesionaria y el Gobierno estatal.
En paralelo, el conflicto por la concesión del servicio de agua continúa su curso. El Gobierno de Quintana Roo y la XVII Legislatura aprobaron la rescisión del contrato con Aguakan, empresa que administra el suministro del líquido potable alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en cuatro municipios: Benito Juárez (Cancún), Playa del Carmen, Puerto Morelos e Isla Mujeres.
La solicitud de revocación cuenta con el respaldo de los Ayuntamientos involucrados y actualmente se encuentra bajo revisión del Poder Judicial de la Federación
La empresa, filial de Grupo Mexicano de Desarrollo, demanda una indemnización superior a 12 mil millones de pesos, pese a haber operado la concesión durante 33 años y a que, con la ampliación otorgada en el 2014, pretendía conservar el control del servicio hasta 2053.
Aguakan reporta ante la Bolsa Mexicana de Valores ingresos anuales superiores a los mil millones de pesos. La concesión original fue otorgada en 1993 y vencía en el 2023, pero se extendió por tres lustros adicionales mediante un decreto que el Congreso local abrogó en diciembre del 2023 con el objetivo de buscar la terminación anticipada del contrato.
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Analizan indemnización
Durante su Conferencia del Pueblo, del pasado 22 de enero, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que el caso es “jurídicamente complejo” y que se analizan dos rutas: la revocación legal de la concesión o su compra mediante un acuerdo. Calificó como desproporcionadas las pretensiones económicas de la empresa. “Llegaron incluso a plantear cerca de 12 mil millones. Eso sería absurdo pagarlo”, sostuvo.
Explicó que se revisa tanto la legalidad del proceso mediante el cual se otorgó la ampliación de la concesión en el 2014 como la viabilidad de una adquisición negociada, siempre dentro del marco jurídico correspondiente.
Añadió que el tema se aborda de manera coordinada con la Gobernadora del Estado, particularmente en lo relacionado con la operación del servicio en caso de que la empresa deje el estado.
Mientras tanto, Aguakan ha logrado mantener la prestación de los servicios gracias a suspensiones definitivas obtenidas mediante amparos, lo que ha prolongado el litigio en tribunales federales, señaló el abogado penalista Lautaro Acosta.
El litigante cancunense consideró que el paro de labores en el Poder Judicial de la Federación, el año pasado, también jugó a favor de la empresa, al retrasar la resolución de expedientes relevantes.
Uno de ellos es el amparo indirecto 1323/2023, promovido por la compañía contra el Congreso local.
El caso permaneció “congelado” hasta que, el 10 de julio del 2025, el Primer Tribunal Colegiado de Circuito ordenó reactivar el procedimiento y celebrar la audiencia constitucional.
En enero del 2024, Desarrollos Hidráulicos de Cancún obtuvo una suspensión definitiva contra el retiro de la concesión, aunque dicha medida cautelar no constituyó un fallo de fondo a su favor.
En un expediente distinto, su representante legal, Paul Andrew Rangel Merkley, fue señalado por un presunto fraude procesal al presentar pruebas irregulares dentro del juicio de amparo.
Sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) determinó el no ejercicio de la acción penal en junio del 2024, resolución que fue confirmada por el Juzgado Octavo de Distrito en el expediente 206/2024.
Con la negativa de suspensión a la revisión fiscal, la CAPA mantiene abierta la posibilidad de auditar las finanzas de la concesionaria.
“La disputa ya no se limita al control del servicio de agua, sino se extiende al escrutinio de los recursos que, durante años, han fluido hacia una empresa que hoy enfrenta la posibilidad real de perder su concesión en uno de los estados con mayor crecimiento urbano y turístico del país”, reiteró Acosta.