Ciudadanos de Benito Juárez, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Playa del Carmen, junto con el colectivo Asamblea Social del Agua, solicitaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraer el juicio de amparo promovido por Aguakan.
Lo anterior con el fin de que la empresa ponga fin a su prórroga, tras el retiro de la concesión por parte de la XVII Legislatura de Quintana Roo en diciembre del 2023.
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El recurso está en revisión en el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, desde principios del 2025, mientras siguen los cobros excesivos, amenazas y presiones para hacer firmar contratos de pagos a deudores, interrupciones del servicio y la nula, así como deficiente operación de las plantas de tratamiento de aguas residuales por parte de Aguakan.
Karina Tiquet, integrante de la Asamblea, recordó que en junio del 2022 más de 55 mil habitantes de Benito Juárez, Puerto Morelos e Isla Mujeres votaron en una consulta ciudadana para retirar la concesión a la empresa.
Trabas legales y varios amparos ante Juzgados federales y falta de voluntad política han ocasionado que la compañía siga operando en cuatro municipios del norte de la entidad, incluido Playa del Carmen, donde hubo más votos a favor de que la empresa filial del Grupo Mexicano de Desarrollo permaneciera con la concesión, dijeron ciudadanos.
“Casi cuatro años después, la voluntad popular no se ha cumplido. La compañía ha dilatado el proceso con estrategias legales, incluso ausentándose a audiencias”, señaló Tiquet, al considerar necesaria la intervención del pleno de la SCJN para reavivar el caso.
El exdiputado local, Julián Ricalde, explicó que el contrato original de 1993 establece que Aguakan debe reinvertir al menos 30% de sus utilidades en infraestructura.
Pese a lo anterior, la ampliación de la concesión aprobada en el 2014 por 30 años adicionales -hasta 2053- fue derogada en diciembre del 2023 por la XVII Legislatura del Congreso de Quintana Roo, al considerar que el Decreto 250 contenía cláusulas ilegales y no fue debidamente conocido por ayuntamientos y legisladores.
Con la derogación, la concesión volvió a su fecha original de vencimiento, finales de 2023, aunque la empresa impugnó la decisión mediante amparos y demanda una indemnización millonaria.
El litigio se mantiene pausado por una suspensión otorgada por el Juzgado Octavo de Distrito, con sede en Cancún, que permite a Aguakan seguir operando mientras el caso se revisa en el Tribunal Colegiado.
Para activistas como Enrique Burton, la vía judicial se ha convertido en un “cuello de botella” que prolonga los problemas cotidianos de los usuarios. “Lo que pedimos es que la Corte atraiga el caso y se termine este daño a la ciudadanía”, afirmó.
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Recibos inflados y agua a cuentagotas
Las denuncias vecinales se repiten en los cuatro municipios: facturación disparada, cortes sin previo aviso, baja presión y fallas en plantas de tratamiento.
Petra May relató que su recibo pasó de 282 a mil 200 pesos en un mes, sin cambios en su consumo. “Vivimos solo mi hijo y yo. No hay fugas. Aun así, tengo que pagar o me cortan el servicio”, dijo.
Roberto, vecino de la misma zona, aseguró que los “picos” en la facturación se repiten cada varios meses. “Tengo los recibos guardados. De pronto llega uno carísimo y no hay explicación”, señaló.
Ambos acusaron que personal de la empresa condiciona la reconexión a la firma de convenios de pago por adeudos, con montos iniciales cercanos a los mil 500 pesos.
En fraccionamientos de interés social, la falta de presión obliga a los residentes a almacenar agua en cubetas y tinacos.
Diana Becerra explicó que el suministro se redujo a una ventana vespertina de pocas horas y con caudal insuficiente. En otros casos, el agua llega de madrugada, lo que obliga a usar bombas eléctricas para subirla a los depósitos, incrementando el gasto de energía y el riesgo de quemar los equipos.
Consulta y responsabilidad municipal
Burton subrayó que la consulta de 2022 fue “vinculante” en el sentido de obligar a las autoridades a atender el tema, aunque no canceló automáticamente la concesión. Criticó que, en lugar de convocar a un plebiscito, se optó por un mecanismo que dejó margen a la inacción.
Ricalde coincidió en que hubo un “vacío de responsabilidad” entre estado, municipios y Congreso para ejecutar la decisión política.
Los activistas también pidieron que los ayuntamientos ejerzan su facultad constitucional para prestar directamente el servicio de agua potable.
“¿Por qué mantener una concesión privada si los municipios pueden administrar y generar infraestructura?”, cuestionó Tiquet, al poner en duda las inversiones realizadas por la empresa.
Mientras el expediente sigue su curso en el Poder Judicial federal, miles de usuarios en el norte de Quintana Roo continúan enfrentando cobros elevados, servicio intermitente y un sistema de saneamiento que, denuncian, no opera con la calidad ni la transparencia que exige un servicio público esencial, subrayó Ricalde Magaña.
