Colectivos de mujeres inauguraron el Muro de la Violencia Institucional en Quintana Roo tras la resolución del juez Víctor Alfonso Escalante Hernández, adscrito al Juzgado Civil y Familiar Oral de Primera Instancia de Playa del Carmen, quien determinó que no hay riesgo para una menor pese a denuncias de violencia familiar y vicaria presentadas por la madre.
El fallo ordena continuar las convivencias en el Centro de Convivencia Familiar (Cecofam) con el presunto progenitor, decisión que integrantes de varias organizaciones califican como revictimizante.
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Los colectivos “Xtabay” y “Organización por una Sociedad Libre de Violencia” señalaron que el juez mantuvo las visitas aun cuando existen medidas de protección vigentes y antecedentes de incidentes documentados en las propias instalaciones del Cecofam.
Subrayaron que el presunto progenitor habría falsificado el acta de nacimiento de la menor de origen estadounidense, con actuaciones avaladas, aseguraron, por autoridades de la Fiscalía general del Estado (FGE) y Poder Judicial.
La abogada Ariadne Song, asesora del caso, sostuvo que el criterio judicial privilegia la convivencia “por el supuesto bien superior” sin ponderar el riesgo psicoemocional ni los hechos ocurridos el 5 de marzo del 2025, cuando, frente a la niña, se produjo un altercado con amenazas, forcejeo por una carriola y posterior intervención del Cecofam y Grupo Especializado en Atención a la Violencia Familiar y de Género (Geavig).
“Ese episodio derivó en una carpeta por violencia familiar, vicaria y en medidas de protección conforme al Artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales (NPP)”, indicó.
La madre, Alma Nashelli Gutiérrez Pérez, explicó que su litigio, abierto desde hace casi dos años, incluye el uso de un documento de identidad irregular, detenciones y una separación temporal de su hija, posteriormente revertida. El proceso continúa con audiencias de seguimiento.
Relatos posteriores de la mujer sobre las convivencias describen violencia verbal, presiones al personal, resistencia manifiesta de la menor a separarse de su madre, uso de incentivos materiales para inducir la visita y llanto prolongado al término de los encuentros.
En otro episodio, la madre denunció la imposición de objetos religiosos a la niña sin su consentimiento, lo que provocó un nuevo conflicto dentro del centro.
Desde la perspectiva clínica, la psicóloga infantil Mariana López Cárdenas advirtió que “cuando una niña manifiesta miedo, rechazo o llanto persistente, forzar convivencias puede agravar el daño emocional y normalizar la violencia”.
Sostuvo que el interés superior debe evaluarse caso por caso, con peritajes independientes y escucha activa de la infancia.
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Activistas reportaron que enero del 2026 cerró con al menos una decena de carpetas por presunta violencia vicaria en juzgados familiares y penales del estado. Sólo tres menores fueron reincorporados a su seno familiar mediante acuerdos supervisados; la mayoría permanece bajo medidas provisionales que prolongan la separación.
“El caso vuelve a colocar en el centro al déficit de perspectiva de género e infancia en resoluciones judiciales y la brecha entre medidas de protección y su ejecución. Sin revisión de criterios y rendición de cuentas, la violencia institucional seguirá reproduciéndose desde los Tribunales”, reiteró Song Anguas.
