Por segunda ocasión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó atraer el caso de Aguakan, revelaron esta semana los magistrados, pese a que el Congreso de Quintana Roo aprobó su retiro en el 2023.
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Actualmente, la empresa privada mantiene la concesión del suministro de agua potable en Cancún, Isla Mujeres, Solidaridad y Puerto Morelos.
La decisión fue tomada una semana antes de que concluyera funciones el anterior Pleno de la Corte, cuando la entonces ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández, desechó la solicitud de facultad de atracción promovida por la Consejería Jurídica del Gobierno de Quintana Roo, que buscaba anular la suspensión definitiva obtenida por Aguakan en enero del 2024.
El argumento de la Corte, dado a conocer esta semana, fue que la Consejería no está legitimada para promover este tipo de acciones.
Es la segunda vez que ocurre. En mayo del 2024 también se rechazó revisar la cláusula de arbitraje internacional en Francia, incluida en el contrato durante el gobierno de Roberto Borge Angulo, que permite a la empresa defenderse ante instancias extranjeras.
Ahora el caso se encuentra en el Primer Tribunal Colegiado de Circuito de Quintana Roo, luego de que, en abril del 2025, Aguakan no obtuvo un amparo contra el retiro de la concesión, pero mantiene la prestación del servicio gracias a una suspensión definitiva vigente dentro de un juicio de garantías.
Aguakan opera la concesión desde 1993, ordenada por el entonces gobernador Mario Villanueva, y la misma fue renovada en el 2014, en un contrato avalado por Borge Angulo y el exalcalde de Benito Juárez, Remberto Estrada.
En los cuatro municipios donde mantiene la concesión, merced a ese amparo judicial, viven más de 1.5 millones de habitantes y se ubican más de 130 mil cuartos hoteleros de gran turismo, lo que convierte el servicio de agua en un negocio estratégico y multimillonario, señaló Pablo Rubio, abogado litigante.
Según reportes, la empresa tiene actualmente más de 500 mil usuarios registrados en los cuatro municipios donde opera. Sin embargo, acumula miles de quejas por altos cobros, cortes frecuentes, suministro limitado a pocas horas al día y tarifas de las más elevadas de América Latina.
El director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), Hugo Garza Sáenz, afirmó que Aguakan ha incumplido obligaciones de inversión y cobertura.
“La empresa debería ampliar la red más allá de la mancha urbana y no condicionar a los desarrolladores a pagar por infraestructura”, dio a conocer.
“No se trata de falta de agua, sino de falta de inversión y calidad en el servicio”, señaló.
Aunque la cobertura estatal de agua potable alcanza el 97% y la del drenaje 78%, en Cancún persisten colonias céntricas sin acceso a drenaje sanitario, una situación que autoridades califican como “inverosímil” para una ciudad turística internacional.
Son múltiples las quejas por el rebosamiento del drenaje y de aguas residuales, más en días de lluvias.
Además del proceso judicial en México, Aguakan mantiene abierta una demanda de arbitraje internacional en Francia, con base en el contrato original, para defender su permanencia. En paralelo, hay una denuncia penal presentada contra dos funcionarios de la empresa, relacionada con presuntos actos de corrupción y abuso de autoridad en la operación de la concesión, que aún se encuentra en integración.
El retiro de la concesión, aprobado por el Congreso en el 2023 tras una consulta ciudadana donde más del 90% de los votantes apoyó la revocación, sigue en pausa judicial. Mientras tanto, los usuarios continúan pagando tarifas elevadas por un servicio intermitente, insistió Pablo Rubio.
Sostuvo que la disputa con Aguakan reveló no sólo los vacíos legales de administraciones anteriores, también el peso de un contrato blindado internacionalmente, que ha complicado los esfuerzos por recuperar el control público del agua.
JGH