La entrega de la Ley de Ingresos del Estado de Quintana Roo para el 2026, que ascendería a alrededor de 49 mil millones de pesos, encendió las críticas de colectivos ciudadanos, académicos, diputados y regidores.
El documento, según acusan, mantiene la tendencia del Gobierno estatal de incrementar impuestos y derechos, mientras los servicios públicos en los municipios continúan deteriorándose.
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El colectivo “Por un Quintana Roo más próspero”, señaló que de acuerdo con las primeras revisiones, la iniciativa contempla aumentos en el cobro de trámites, licencias, servicios registrales, impuestos al hospedaje y derechos vehiculares, con incrementos que en algunos rubros podrían ubicarse entre el seis y el 12%.
Enrique Ornelas, de la agrupación, sostuvo que para los ciudadanos esto representa un golpe directo a la economía familiar en un año donde el costo de vida se ha elevado por encima de lo esperado.
Ciudadanos por la Transparencia advirtió que la propuesta del Gobierno estatal “castiga a quienes menos tienen”, ya que los aumentos recaen principalmente en servicios indispensables.
Señaló que, antes de pedir más recursos, el Gobierno del Estado debería justificar cómo gastó el presupuesto del 2025, dónde quedaron las obras prometidas y cuáles metas se cumplieron.
El presupuesto autorizado para el Gobierno de Quintana Roo en el 2025 fue de 51 mil 473 mil 800 millones de pesos.
Académicos consultados coincidieron en que no existe evidencia clara de eficiencia: las brechas en infraestructura siguen abiertas, los servicios de salud y movilidad están rebasados y persisten las mismas quejas en seguridad.
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“Piden más, pero entregan menos”, sintetizó Antonio Villaseñor González, académico e investigador de la Universidad de Quintana Roo.
Por su parte, diputados y regidores de oposición cuestionaron la opacidad en el ejercicio del gasto. Aseguraron que no hay informes detallados sobre el avance de programas, ni métricas verificables que justifiquen la necesidad de mayores ingresos.
Además, acusaron un aparato gubernamental “cada vez más grande, con más empleados, pero sin resultados proporcionales”.
Mientras tanto, la ciudadanía enfrenta servicios deficientes, inseguridad persistente, trámites lentos y oficinas saturadas.
Colectivos y legisladores cuestionaron al Gobierno por qué aumentan la carga fiscal si no ha demostrado mejorar su gestión.
El diputado José Luis Pech Várguez advirtió que el debate en el Congreso apenas comienza, pero la inconformidad social marca la ruta: “la Ley de Ingresos del 2026 llega con poca credibilidad y muchas dudas sobre su impacto real en los hogares quintanarroenses”, insistió.