Integrantes del Colectivo Madres Buscadoras de Quintana Roo, se manifestaron a las afueras de las instalaciones del Poder Judicial de la Federación, en la Supermanzana 50, acusan a uno de los jueces de posibles actos de tráfico de influencias derivado de la suspensión de una orden de aprensión girada para José Isidro N, quien estaría relacionado con la desaparición y homicidio de Luis Fernando Peón Cardín ocurrido en el 2018.
La manifestación se mantuvo por varias horas en la explanada de dicha dependencia federal donde Luz María del Carmen Peón Cardín, señalo que el caso estuvo detenido durante años hasta que recientemente se giró una orden de aprehensión contra Santamaría, misma que está siendo suspendida por medio de un amparo el cual fue otorgado por el juez Octavo de Distrito Mario Fernando Gallegos, mismo que dio la orden a la Fiscalía general del Estado de acatar de manera inmediata la orden federal.
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Ante esta situación Luz María del Carmen se mostró indignada señalando que el dirigente sindical solamente busca evadir su responsabilidad, al alegar que es un perseguido político, por lo que hizo el llamado para que se presente ante las autoridades donde puede esclarecer su participación o no en los hechos, conforme a la carpeta de investigación como marca la ley.
Por otra parte, la dirigente del colectivo señalo que este tipo de actos no se pueden permitir si la Fiscalía General del Estado por medio de un Juez que lleva el caso ordeno la aprensión, un juez federal no debe de interferir ya que no está enterado de la investigación completa, señalando que con esos actos solamente dan la oportunidad a los implicados de evadir las responsabilidades dejando a las familias sin justicia.
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Por otra parte, durante la manifestación la madre de la víctima indico que le fue informado el cambio de las audiencias las cuales ahora serian el día lunes para la confirmación de la suspensión provisional de la orden de aprehensión mientras que el martes será la de audiencia correspondiente al amparo otorgado por el juez.
La representante legal de la víctima señalo que la investigación por desaparición forzada y posterior homicidio se ha realizado siguiendo los protocolos y el Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que no todas las personas sujetas a un proceso penal son perseguidas políticas, por lo que Santamaría tiene derecho a acceder a la carpeta y promover actos para demostrar su inocencia como marca la ley, pero no se deben entorpecer las investigaciones con discursos que minimicen o excusen la posible participación en los hechos.
