El Ayuntamiento de Benito Juárez eliminó oficialmente el requisito de presentar la prueba del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) como condición para contraer matrimonio civil en esta ciudad. La decisión, celebrada por organizaciones defensoras de derechos humanos, representa un avance en la lucha contra la discriminación institucional y facilita el acceso al derecho al matrimonio, especialmente para poblaciones vulneradas.
Hasta ahora, personas de la comunidad LGBTIQ+, con VIH o con temor a ser estigmatizadas, se veían obligadas a renunciar al trámite, posponerlo o realizarlo en otra entidad, resaltó Jorge Chame, representante de la organización Red por la Salud y Diversidad.
Sostuvo que, con la modificación, más de 800 personas que integran estos sectores y que habían mostrado interés en casarse, pero no habían podido cumplir con todos los requisitos, podrían ahora acceder a este derecho de forma más libre.
Chame explicó que esta medida atiende una demanda histórica de la sociedad civil: “Exigir la prueba de VIH como requisito para casarse no sólo era innecesario, sino profundamente estigmatizante. Esto vulneraba el derecho a la privacidad y reforzaba prejuicios médicos y sociales”.
Aunque la eliminación de la prueba de VIH fue bien recibida, aún se mantiene la exigencia de presentar los resultados de enfermedades de transmisión sexual (prueba VDRL para sífilis) y el tipo de sangre (Rh), lo cual también ha sido señalado como una barrera innecesaria por diversas organizaciones.
Práctica discriminatoria
Pese a ello, el cambio marca un precedente importante hacia la actualización de procedimientos del Registro Civil, que ya ha sido reconocido por colectivos que por años denunciaron esta práctica discriminatoria.
Actualmente hay seis oficialías del Registro Civil en Cancún. El costo promedio del trámite de matrimonio civil oscila entre mil 120 y mil 500 pesos, dependiendo si se realiza en la oficina o fuera de ella (por ejemplo, que la ceremonia sea en una casa, la playa o algún hotel).
Tan solo en el 2024 se registraron más de 4 mil 800 bodas civiles en el municipio, lo que generó ingresos cercanos a los 6 millones de pesos para el Ayuntamiento.
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Con la eliminación de trabas administrativas se espera un aumento de, al menos, 10 por ciento en los matrimonios civiles durante lo que resta del año, especialmente por parte de personas que habían postergado su unión por no querer someterse a exámenes médicos invasivos.
El cambio fue posible gracias a la apertura de la actual administración municipal, que mostró disposición para revisar y actualizar los requisitos del Registro Civil, con base en principios de equidad y respeto a los derechos humanos, sostuvo Jorge Chame.
Reiteró que organizaciones como Red por la Salud y Diversidad, así como colectivos y especialistas en bioética, han insistido en que el matrimonio es un derecho civil, no un examen médico, y que imponer filtros innecesarios es una forma de exclusión institucional.
