Un estimado de entre 250 y 300 embarcaciones piratas operan en las zonas turísticas, aseguraron representantes de los Asociados Náuticos de Quintana Roo (ANQR). Esta situación genera pérdidas de alrededor del 20 por ciento a las empresas constituidas legalmente.
El presidente de la organización, Francisco Fernández Millán, informó que se han mantenido mesas de diálogo con representantes de la Secretaría de Marina (Semar), junto con la Capitanía de Puerto y Asuntos Marítimos.
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Tras varias horas de pláticas, determinaron la necesidad de implementar operativos para combatir la operación de embarcaciones sin permisos, por lo que esperan dar inicio a las revisiones de estas embarcaciones en los próximos días.
Turistas consultados sobre la contratación de embarcaciones para sus vacaciones señalaron que no se fijan en los permisos.
Jennifer Aston, originaria de Nueva Inglaterra, explicó que habían visto un anuncio en Facebook, se pusieron en contacto con la persona y así llegaron a vacacionar, sin pensar en los permisos, pues daban por hecho que, de no tenerlos, no podrían navegar.
Como parte del trabajo coordinado entre dependencias estatales, federales y civiles, los Asociados Náuticos de Quintana Roo entregarían una lista con todas las embarcaciones y muelles donde operan los prestadores de servicios ilegales, con la finalidad de que las autoridades pongan un alto a este tipo de acciones.
Además, explicó que estas embarcaciones irregulares se escudan bajo la figura de “viajes privados” para eludir los controles, lo que agrava aún más la competencia desleal, ya que utilizan muelles irregulares para abordar a los turistas.
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Según los estudios realizados por la Asociación, este problema afecta varios puntos de Quintana Roo, aunque la mayor afectación recae sobre la industria náutica que opera en el municipio Benito Juárez, por lo que la intervención de las autoridades resulta vital para mantener una competencia adecuada y garantizar la seguridad de los turistas.
A pesar de que no se ha establecido una fecha para el inicio de los operativos, el compromiso ya fue pactado, por lo que los empresarios esperan que se utilice adecuadamente la información que se les brindará, para aplicar la ley de manera correcta, considerando que es la primera vez que se anuncian acciones concretas para frenar estas prácticas ilegales.
