Aunque hace más de un mes se adjudicó el contrato para la conservación y rehabilitación del tramo carretero Bacalar–Buenavista, una de las rutas más deterioradas del sur de Quintana Roo, los trabajos aún no se han iniciado, hecho que ha generado malestar entre transportistas y automovilistas.
El contrato fue otorgado al consorcio formado por Lofer Contratistas, S.A. de C.V. y Lofer Soluciones Marítimas de México, S.A. de C.V., empresas con sede fuera del estado, por un monto de 150 millones de pesos.
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La adjudicación fue anunciada el 29 de septiembre del año en curso por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y contemplaba la reposición de losas de concreto, el fresado de la carpeta asfáltica y la mejora de la capa de rodadura en los tramos que comprenden Bacalar, Cafetal y Felipe Carrillo Puerto.
Pese a que la obra debía comenzar el 10 de octubre, a la fecha no se observa maquinaria ni personal en la carretera, acumulando un retraso de más de cuatro semanas.
Mientras tanto, el estado del pavimento permanece en malas condiciones, con baches profundos que representan un riesgo constante, sobre todo en temporada de lluvias, cuando los hoyos se llenan de agua y aumentan la probabilidad de accidentes y daños a los vehículos.
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Transportistas y usuarios han expresado su preocupación por la falta de avances y la aparente indiferencia de la SICT y de su titular en Quintana Roo, Guido Mendiburu Solís: “La carretera está intransitable en algunos tramos. Es urgente que comiencen las obras, porque cada día que pasa es un riesgo para todos”, señaló un transportista local.
La empresa adjudicada tampoco ha presentado reportes de inicio de obra ni evidencia de avances físicos, a pesar de que el contrato establecía su firma el 30 de septiembre y el inicio de trabajos en los primeros días de octubre.
El tramo Bacalar–Cafetal–Felipe Carrillo Puerto es considerado estratégico para el estado, ya que conecta el sur con el centro y norte de Quintana Roo y es transitado a diario por miles de turistas, transportistas y habitantes de comunidades rurales. La demora en la rehabilitación de la carretera no solo afecta la seguridad vial, sino también la economía local y la movilidad de personas y mercancías.
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Autoridades y expertos en infraestructura han advertido que, de no iniciarse los trabajos de manera inmediata, los daños al pavimento podrían incrementarse, encareciendo aún más el proyecto y prolongando los riesgos para los usuarios.
Por su parte, la empresa adjudicada no ha emitido ningún comunicado oficial que explique el retraso ni presente un calendario actualizado de ejecución de obra.
