Docentes de educación básica y media superior señalaron que en el estado el Marco de Convivencia Escolar, el cual establece los protocolos de actuación ante las faltas disciplinarias como el acoso, pero no siempre se aplica.
Si bien admitieron que los incidentes de bullying ocurren en todos los planteles, la frecuencia y gravedad varían; asimismo, advirtieron que la normativa no se emplea con rigor en todos los centros educativos.
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Al respecto, algunos de los entrevistados, quienes prefirieron no decir sus nombres, indicaron que, aunque en sus instituciones se siguen los lineamientos, esto no impide la aparición de conductas de hostigamiento. Por ello, destacaron que los mecanismos de prevención funcionan principalmente para contener las agresiones y evitar daños mayores a las víctimas de acoso escolar, logrando que los reportes registrados no escalen a situaciones críticas.
En contraste, otros profesores reconocieron que en ciertas escuelas particulares el personal desconoce la existencia de estos protocolos, debido a que las directivas no se los proporcionan. Esta omisión deja a los docentes sin un plan de acción ante posibles casos de violencia o acoso; no obstante, aseguraron no tener conocimiento de incidentes recientes dentro de dichas instalaciones, a pesar de aceptar que contar con este manual es un requisito indispensable.
Por otra parte, la Secretaría de Educación Pública (SEP) dispone de la Guía para Docentes de Educación Básica contra el Acoso Escolar. Sin embargo, su implementación es irregular en el sistema público, donde suelen originarse la mayoría de las quejas que trascienden a la opinión pública mediante denuncias ciudadanas, motivadas por la falta de intervención oportuna de los directivos.
Ante este escenario, los padres de familia se ven obligados a exigir que maestros y autoridades escolares se involucren y actúen contra los agresores. Señalan que, en múltiples ocasiones, el personal educativo permanece indiferente mientras los menores sufren las consecuencias del maltrato de sus compañeros, situación que frecuentemente deriva en conflictos legales o administrativos.