Ciudadanos de Tulum mostraron su total indignación y rechazo contra las restricciones que se han establecido en las playas públicas, pues esto ha provocado la caída de afluencia turística en un 10%.
La administración del presidente municipal, Diego Castañón, ha intentado defender su gestión mediante una serie de videos promocionales que, lejos de calmar los reclamos, lo único que logró fue desencadenar aún más la furia entre residentes y visitantes, así como decepción por su Gobierno.
En los clips difundidos en redes sociales, Castañón presume que varios hoteles permiten la entrada libre a sus instalaciones sin consumo mínimo ni pago de cover.
Sin embargo, la medida tiene un matiz que los ciudadanos calificaron de engañoso, ya que se prohíbe el ingreso con alimentos o bebidas propias, lo que, en la práctica, obliga a los visitantes a consumir dentro de los establecimientos.
“Dicen que es acceso libre, pero no puedes llevar ni una botella de agua. Entonces no es libre, es condicionado”, expresó María del Carmen Pérez, una visitante originaria de Ciudad México.
“Nos están vendiendo el derecho que ya teníamos. Las playas son del pueblo, no de los empresarios. Que no mamen estos ineptos corruptos, son pura tranza”, destacó un usuario en Facebook.
La inconformidad ha cruzado fronteras
Turistas nacionales y extranjeros han compartido videos y testimonios reportando las limitaciones para disfrutar del mar Caribe sin pagar tarifas hoteleras.
Laura Sánchez, visitante de España, declaró: “Es una burla, si son públicas, ¿por qué te dicen que sólo puedes estar si consumes? Eso no pasa ni en Europa”.
Según la Ley General de Bienes Nacionales, el Artículo 8 establece que las playas marítimas son bienes de uso común y el acceso a ellas no puede ser restringido, ni condicionado a contraprestación alguna.
Además, el Artículo 127 dispone que los propietarios de terrenos colindantes están obligados a permitir el libre acceso, incluso a través de propiedad privada, siempre que no haya una vía pública inmediata.
Pese a ello, la narrativa oficial insiste en que el Ayuntamiento está “garantizando la convivencia armónica”, entre prestadores de servicios y visitantes, una versión que muchos interpretan como un intento de justificar intereses económicos por encima del derecho ciudadano.
“Nos quieren acostumbrar a pagar por lo que es nuestro”, señaló Adrián Cocom, residente de Tulum desde hace más de 20 años.
“Antes, uno podía llegar con su familia y poner una sombrilla, ahora te dicen que si no consumes, no puedes quedarte. Eso no es turismo responsable, es abuso”, dijo.
Circula en redes sociales un video donde turistas de Puebla se quejaron sobre los excesivos costos en este municipio, pues dijeron que habían venido hace cinco años y esta vez que regresaron lo único que cambió fue el pavimento, por lo que “nada debe justificar estos precios ridículos para consumo y la entrada al Parque del Jaguar”.
En Tulum, organizaciones como Movimiento por Playas Libres han exigido la intervención de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), al considerar que las medidas no garantizan el derecho al tránsito en bienes nacionales.
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“Es incongruente que no haya un verdadero pase libre en ninguna playa, excepto la de Punta Pierda donde el estacionamiento es limitado”, expuso un local.
“El presidente Castañón debería escuchar al pueblo, no a los inversionistas, Tulum no es un club privado”, dijo Juan, comerciante local.
El impacto en la economía local también es visible, pues ambulantes, pescadores y transportistas reportan una disminución en sus ingresos.
“Nos dicen que es por seguridad o por orden, pero en realidad es para que la gente gaste dentro de los hoteles”, comentó Araceli, vendedora de artesanías.
A nivel federal, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo instruyó a la Secretaría de Turismo y a la Secrataría de la Defensa Nacional (Sedena) —administradora del Parque del Jaguar— a revisar las denuncias por cobros indebidos y limitaciones en los accesos.
Sin embargo, mientras el Gobierno habla de garantizar derechos, el Ayuntamiento ha optado por discursos publicitarios y por alinearse con intereses hoteleros.
Para los habitantes, el mensaje de Diego Castañón no es de apertura, sino de control.
“Está defendiendo el negocio, no el derecho del pueblo”, opinó Raúl Jiménez, otro habitante indignado.
La distancia entre el discurso oficial y la realidad cotidiana es cada vez más amplia. Las playas siguen valladas, los accesos vigilados y la población local, relegada.
En el fondo, lo que Tulum enfrenta no es sólo un debate turístico, sino una disputa por el alma del territorio: si seguirá siendo un espacio público o se convertirá en una marca al servicio de unos cuantos.
También influencers se sumaron a la burla contra Castañón, pues algunos lo parodiaron al decir que “el que no tenga dinero, ni venga, porque no queremos gente pobre, ni naca aquí”, haciendo alusión a que fue lo que en realidad quiso decir el presidente municipal, pero con otras palabras menos agresivas.