El desalojo violento ejecutado la madrugada de ayer en la colonia irregular “Tren Maya”, ubicada a seis kilómetros del centro de este municipio, dejó como saldo 52 personas detenidas, varios lesionados y una fuerte protesta que paralizó la carretera federal 307.
El caso ha escalado a niveles más graves, luego de que un hombre de nacionalidad guatemalteca revelara que formaba parte de un grupo de choque, supuestamente contratado para reforzar la intervención, lo que abre nuevas interrogantes sobre la legalidad del procedimiento.
Noticia Destacada
Pastor fue desalojado al invadir el predio de un hombre con discapacidad visual en Cancún
La acción fue encabezada por elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes irrumpieron en el predio asegurado alrededor de las 3:00 de la madrugada. Según testimonios, las fuerzas ingresaron de manera abrupta, con uso excesivo de fuerza, derribando estructuras y obligando a decenas de familias a abandonar sus viviendas, muchas de ellas ya construidas con materiales sólidos.
En medio del caos, mujeres, niños y adultos mayores fueron forzados a salir en la oscuridad, sin oportunidad de rescatar pertenencias, lo que generó tensión y confrontaciones. Varios residentes resultaron heridos y fueron trasladados a la cárcel municipal o a centros de atención médica, mientras que 52 personas fueron oficialmente detenidas y llevadas a la sede de la Fiscalía en Playa del Carmen, acusadas de invasión a propiedad privada.
Horas más tarde, como respuesta a la acción, un grupo de habitantes que logró evitar la detención organizó un bloqueo en la carretera federal. Con llantas incendiadas, piedras y estructuras improvisadas, paralizaron por más de una hora la circulación en ambos sentidos, afectando a turistas, trabajadores y transportistas. El humo espeso impedía la visibilidad y generó alertas entre los automovilistas.
La tensión aumentó cuando los manifestantes detuvieron a un hombre dentro del predio, a quien señalaron como parte de un grupo externo al asentamiento. El sujeto, golpeado y visiblemente afectado, fue entregado al secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Tulum, Edgar Aguilar Rico, quien llegó al sitio para dialogar con los inconformes.
En entrevista directa, el hombre, identificado como ciudadano guatemalteco, con 18 años de residencia en Cancún, confesó que él y otros más fueron reclutados desde inicios de julio en diversos puntos del estado —incluyendo Mérida, Playa del Carmen y Cancún— bajo la promesa de recibir 3 mil pesos semanales por “vigilar un terreno”.
“Nunca nos dijeron que era para un desalojo. Nos prometieron trabajo y cuando llegamos ya no nos dejaron salir. Nos quitaron los celulares, no nos dejaban hablar con nadie. Había más de 200 personas, muchos de Honduras y Guatemala. Algunos dijeron que los mandó la Fiscalía”, declaró el detenido, quien además afirmó tener una discapacidad física que le impidió huir cuando los vecinos se enfrentaron al grupo.
Según su testimonio, permanecieron incomunicados desde el 1 de julio, en condiciones precarias, recibiendo alimentos de manera irregular. Afirmó también que, durante la madrugada del operativo, parte de los bienes sustraídos a las familias desalojadas fueron llevados al campamento donde él y sus compañeros estaban confinados.
El secretario de Seguridad Pública, al ser consultado sobre la situación en el lugar de los hechos, evitó dar declaraciones directas. Señaló que el operativo fue una diligencia ministerial bajo responsabilidad de la Fiscalía y que la Policía Municipal sólo acudió en apoyo, deslindando así cualquier participación directa en la contratación del grupo en cuestión.
Tras su entrega, el detenido fue trasladado bajo custodia al Hospital de Tulum, debido a las lesiones sufridas, mientras su situación legal se mantiene incierta.
Más tarde, un grupo de familiares de los 52 detenidos se presentó en el Palacio Municipal para exigir la intervención del presidente municipal Diego Castañón Trejo. Fueron recibidos por el secretario general del Ayuntamiento, Johny Monsreal Padilla, quien sostuvo una reunión privada con líderes de la colonia afectada.
Como resultado del encuentro, las autoridades del municipio se comprometió a mediar ante la Fiscalía para gestionar la liberación de los detenidos, siempre y cuando los inconformes desistieran de bloquear nuevamente la carretera federal y permitieran que el proceso legal por la disputa del terreno siguiera su curso.
La colonia “Tren Maya”, también conocida por algunos como “Palma Real”, ha sido objeto de controversia desde hace meses por tratarse de un asentamiento irregular instalado en terrenos que presuntamente no tenían dueño. Sin embargo, los colonos afirman haber ocupado el predio de buena fe, ante la falta de opciones de vivienda asequible en un municipio donde el crecimiento turístico ha encarecido de manera desproporcionada el acceso a la tierra.
La revelación sobre el uso de personas externas al conflicto —incluso migrantes— para participar en operativos de desalojo, genera nuevas inquietudes sobre los métodos empleados y la responsabilidad institucional.
Mientras tanto, el ambiente social en Tulum se mantiene tenso. Los conflictos por tierra, el desorden urbano, la especulación inmobiliaria y la falta de políticas públicas para garantizar el acceso a una vivienda digna continúan siendo una bomba de tiempo en el corazón de la Riviera Maya.
