La emisión de una ficha de búsqueda con recompensa de 150 mil pesos para lograr la captura de Carlos Atanasio Jonguitud García, acusado del delito de abuso sexual en agravio de su hijo de tres años de edad, activó un operativo de localización en Quintana Roo ante su condición de prófugo.
La medida fue confirmada por la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, que solicitó el apoyo de la ciudadanía para obtener información fidedigna que permita su detención inmediata.
El caso se originó en abril del año pasado en el fraccionamiento La Joya, en Playa del Carmen, luego de la denuncia presentada por la madre del menor, Giorgia De Grosso.
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Como parte de la integración de la carpeta de investigación se incorporaron dictámenes periciales y evaluaciones psicológicas; sin embargo, en una primera resolución el juez de control Fernando León Chávez desestimó las pruebas y concedió la libertad al imputado, decisión que generó críticas de colectivos feministas y organizaciones civiles por el criterio aplicado en un asunto de violencia sexual infantil.
Tras esa determinación, la denunciante promovió el recurso correspondiente para que el expediente fuera revisado en una segunda instancia. En diciembre pasado, un nuevo juzgador resolvió vincular a proceso al señalado y dictar prisión preventiva justificada.
No obstante, el imputado no acudió a la audiencia programada y promovió un amparo que, aunque posteriormente fue desechado, permitió que se sustrajera de la acción de la justicia durante ese lapso. La abogada Ariadne Song Anguas señaló que en la primera resolución judicial no se consideró la capacidad limitada de lenguaje del menor debido a su edad.
El juzgador argumentó que el niño no describió los hechos con precisión, pese a que el infante refirió que su padre lo obligaba a participar en un “juego” que le provocaba dolor físico. Este mismo juez fue señalado por haber liberado anteriormente a policías implicados en el feminicidio de Victoria Salazar, situación que incrementó la desconfianza de la familia en el sistema de justicia.
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De manera paralela, la exesposa del imputado ha difundido en redes sociales mensajes en los que sostiene su inocencia. Afirma que el acusado no permanecía a solas con el menor en los momentos señalados y atribuye la denuncia a un conflicto legal por la custodia del niño. También justificó la inasistencia a la audiencia al señalar que la prisión preventiva no garantiza un proceso equitativo.
En contraste, la madre del menor exhortó a la población a compartir la ficha de búsqueda para ubicar al presunto agresor, a quien identifica como entrenador personal que laboraba en gimnasios de la zona. Indicó que, ante el riesgo que representa su localización, ha tenido que permanecer oculta por temor a represalias. Colectivos civiles solicitaron además que se investigue el patrimonio del prófugo para detectar posibles apoyos económicos que faciliten su evasión.
La Fiscalía estatal informó que mantiene activos los mecanismos de coordinación con otras entidades para impedir que abandone el territorio y reiteró que cualquier dato puede ser proporcionado de forma anónima a través de las líneas de emergencia.