La reciente transformación del antiguo Hotel Luna Caribe en el Centro de Rehabilitación Amor al Adicto Difícil y Reincidente A.C. (CRAADYR) ha generado una serie de interrogantes que van más allá de su infraestructura.
Tras la entrega formal del inmueble a una asociación civil, el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Raciel López Salazar, rompió el silencio respecto a las denuncias ciudadanas que señalan a presuntos internos realizando colectas de dinero, actividad conocida localmente como "boteo", en diversos cruceros y puntos estratégicos de la capital.
La entrega de este edificio no fue un acto fortuito, sino el resultado de un procedimiento jurídico ejecutado a través de la Dirección de Extinción de Dominio de la FGE.
Esta acción se enmarca en un programa gubernamental diseñado para reutilizar espacios que fueron asegurados en operativos contra la delincuencia, devolviéndolos a la sociedad mediante fines altruistas y de salud pública. Bajo este esquema, el inmueble ya se encuentra operando formalmente, brindando servicios de tratamiento a personas con problemas de dependencia.
Uno de los puntos que más ha llamado la atención es la facilidad operativa con la que cuenta la asociación civil beneficiada. El Fiscal General fue enfático al aclarar que el Estado no le cobra renta a la organización, otorgándoles el uso del espacio de manera gratuita para facilitar su labor social.
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Sin embargo, este beneficio parece no ser suficiente para cubrir los gastos operativos, o al menos eso es lo que sugieren las brigadas de recaudación que han aparecido en las calles de Chetumal.
Ante el cuestionamiento directo sobre estas prácticas de "boteo", la autoridad que entregó el edificio, en este caso López Salazar fue tajante y puso en tela de duda la legitimidad de quienes solicitan las monedas.
“No sé si tengan o no tengan relación, ni dónde están los boteos. Es una asociación civil que, por sus propios medios, ellos tienen donaciones, supuestamente de personas altruistas”, sentenció el funcionario, desmarcando a la Fiscalía de cualquier actividad financiera externa que realice la agrupación.
El Fiscal dejó ver que no existe evidencia ni registro que confirme si las personas que se encuentran en las vialidades solicitando dinero pertenecen realmente a la asociación civil que recibió el inmueble, o si se trata de individuos ajenos que, con dolo, están utilizando el nombre de la institución y la causa de la rehabilitación para obtener un beneficio personal ilícito.
Si bien la FGE cumplió con la parte jurídica al confirmar la situación legal del predio y su destino social, ha quedado en el aire la regulación de los métodos de financiamiento.
