Ariel Avilés Marín
La semana pasada denuncié en un artículo otra probable agresión y despojo a nuestro patrimonio arquitectónico; algo de polvo ha de haber levantado el mencionado artículo, pues al día siguiente y muy puntualmente, las autoridades aludidas dieron respuesta a mi cuestionamiento, pero dieron respuesta en unos términos que poco o nada nos garantizan una acción concreta para evitar el desaguisado que se puede estar fraguando al amparo de la valla de láminas.
Tanto la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de Mérida como el Centro Regional del INAH, se manifestaron en el sentido de que no existe solicitud alguna relativa al predio del que se trata, ningún permiso de uso del suelo se ha solicitado y algunas otras cosas en estos mismos términos y sentidos; ah, pero sí aportaron algo de gran trascendencia para el caso: La casa Berzunza-Gutiérrez está catalogada como patrimonio artístico y cultural de la ciudad, y por lo tanto, debe estar a salvo de agresiones y, obviamente, de su destrucción. Y, no señores, por ahí no va la cosa.
La destrucción del patrimonio arquitectónico de una ciudad es un ilícito, es un daño colectivo y con una característica que lo hace muy grave: Su carácter de irreparable. De mi niñez a la fecha, ha pasado más de medio siglo y durante ese tiempo nuestro Paseo Montejo, emblemática avenida orgullo de la ciudad, se ha visto reducida en sus obras de arte de arquitectura en más de un 80%. A nuestra vista y paciencia y amparándose en la modernidad y el progreso, los intereses económicos y mercantilistas nos han arrebatado históricas casonas, obras de arquitectos que, en muchos casos, vinieron de Europa y dejaron su obra en nuestra ciudad.
Obras de arte como; la casa de la familia Puerto Molina, hoy es un lote baldío y profundo, lleno de maleza y que por su profundidad es un peligro; la casa de la familia Ponce Rubio, hoy es un cajón de bloques y cristal que alberga a BBV Bancomer y esa casa era obra del arquitecto Manuel G. Cantón Pren; Villa Felisa, hogar de Doña Feilsa Barragán y Don Félix Lejeune, es hoy otra caja de concreto y cristal; Villa Montejo, que era la casa de Doña Carmen Gómez Rul, es el local de HSBC y es otro cajón sin arquitectura alguna; la casa de la familia Castillo Pérez, hoy es el antiestético edificio de cristales negros y El Colón; la casa de la familia Chami Rosado, que era de estilo victoriano, con su torre y su gallo de viento de forja francesa, es hoy otro cajón sin chiste, local de Scotia Inverlat; y así podemos seguir citando ejemplos sin fin.
Una ciudad como Mérida, tiene en la presencia del turismo una fuente de ingresos muy considerable; gente de todos los puntos del orbe vienen a visitarnos para conocer nuestra ciudad por la fama de su belleza urbana; en un soplo de tiempo, corremos el peligro de que esa imagen ya no sea atractiva, que ya no haya nada que mostrar a los visitantes y éstos se alejarán de aquí y buscarán otros destinos como Guanajuato, Zacatecas, Aguascalientes, Morelia, San Miguel de Allende, Puebla, lugares donde la conciencia común ha puesto todo el cuidado en la conservación y más aún, en el rescate de esa imagen citadina que atrae a propios y extraños. Es del interés de toda la comunidad meridana la conservación de nuestro patrimonio arquitectónico, pero es responsabilidad directa de autoridades a quienes la ley les manda velar por estos intereses de la comunidad.
Quien va a cometer un acto reprobable no avisa, lo ejecuta y ya, las más de las veces amparado en las sombras de la noche. Cuando la Quinta San Jacinto fue destruida, el responsable incluso fue a averiguar al ayuntamiento cuánto sería el importe de la multa por derribar un edificio histórico, y San Jacinto lo era, fue el cuartel general del Ejército Constitucionalista de Salvador Alvarado, al enterarse del importe de la multa, el individuo expresó: “Este es un negocio de muchos millones de dólares, se paga”, y ahí están como testigos mudos el Holiday Inn y el Hyatt.
La Quinta María Isabel era una construcción del S. XVI, es decir estaba incluida en el catálogo de Joyas Coloniales, por tanto era intocable. No se pidió permiso alguno, es más, fue demolida completamente y permanece en calidad de terreno aplanado sin uso alguno. Se levantó una valla de madera y fue arrasada. No sólo no se pidió permiso alguno, aún no se pide, pues no se le ha dado uso alguno, sólo fue destruida.
Otro caso de gran significación es el del Teatro Peón Contreras, salvado por una verdadera casualidad. Una mañana, el entonces gobernador Francisco Luna Kan, tuvo que hacer una diligencia urgente al interior del estado y fue a recogerlo un helicóptero al techo del Palacio de Gobierno; al iniciar el vuelo, la nave hizo un sobrevuelo sobre el teatro y el Dr. Luna se asombró de ver anegada la azotea del edificio y mandó indagar qué sucedía ahí, se le informó que se había taponado todos los desagües del techo y tres mangueras arrojaban agua sin parar sobre la superficie; al propietario le había sido negado el permiso de demolición del inmueble y tomó la decisión de ayudarlo a caerse solo. El Dr. Luna, con arrestos que ya quisiéramos ver en todos los funcionarios, expidió el decreto de expropiación por causa de utilidad pública y restituyó el Teatro Peón Contreras a su legítimo dueño: el pueblo yucateco. A contraparte, el 6 de enero de 1976, asistió un funcionario en representación del Dr. Luna a la Sesión Solemne de la Liga de Acción Social en homenaje a la Fundación de Mérida y tomó la palabra para solicitar a la directiva que la Liga cejara en sus esfuerzos constantes de rescatar el Teatro Peón Contreras. “Está dañado en su estructura, no tiene remedio, se va a caer”, nos dijo; evidentemente este innombrable funcionario estaba involucrado en el maligno plan del propietario para destruir el edificio, había sido comprado por los intereses más bajos e inconfesables.
Decir: “No existe solicitud alguna sobre ese predio. No se ha gestionado ningún uso de suelo para ese lugar” ¡No basta! Es una obligación de las autoridades competentes emprender acciones pertinentes a evitar estos crímenes contra la ciudad. Hay que ir, indagar, pedir cuentas, saber qué se planea hacer ahí, y actuar en consecuencia y con apego a la ley.
Hacerse de la vista gorda, soslayar lo que se está haciendo, implica varias respuestas, ninguna de ellas correspondiente a la responsabilidad de las autoridades a quienes compete esa materia. Que podemos deducir: No se tiene conciencia del valor que el patrimonio arquitectónico tiene para la ciudad; malo. Se soslaya el hecho porque se les ha involucrado en los intereses que su comisión trae consigo, peor. ¡Definitivamente, no, no me tranquiliza la respuesta de las autoridades!