Pretende desalojar a las dos últimas familias de comisaría de Santa Teresa
SANTA TERESA, Motul, Yuc., 18 de marzo.- La voracidad del marroquí francófono Olivier Henri Georges Marie Dutoit Caldairou, no conoce límites ya que ahora pretende desalojar a las dos últimas familias que habitan en lo que fue la sub comisaría de Santa Teresa de Motul, ahora convertida en un pueblo fantasma.
En la edición de ayer, informamos que Olivier H
Enri Georges Marie Dutoit Caldairou, tras adquirir bajo un esquema dudoso, extensas propiedades incluyendo el caso de lo que fue la ex hacienda henequenera Santa Teresa, mandó a cerrar los accesos rurales a varias unidades de producción de ejidatarios motuleños con portones y cercas.
La señora María Hermelinda Dzul Dzib, recurrió a la justicia federal al promover un juicio de amparo contra el desalojo que pretende consumar Olivier Dutoit, representante de Sociedad Inmobiliaria Gran Puente.
La quejosa enseñó un certificado parcelario emitido por el Profesor Efren Caraveo Caraveo, entonces delegado de la Secretaría de la Reforma Agraria, el cual le fue entregado a su padre Silvino Dzul Lara, bajo la figura de caserío en el cual habitó desde su nacimiento hasta su deceso en fechas recientes y el mismo que dividió en tres partes entre sus hijas.
La señora Dzul Dzib detalló que lleva viviendo en ese predio 40 años, esta, marcado como tablaje catastral 381.
Desde que fue enterrada, el predio donde vive y del cual tiene posesión desde hace 40 años, fue comercializado a Olivier Dutoit, sin previa notificación, sin su consentimiento o ser tomada en cuenta, dada la antigüedad y el derecho que como posesionaria le asiste, ha librado una lucha jurídica para que sus derechos se le respeten al grado de promover un juicio de amparo contra el desalojo que pretende consumar la inmobiliaria antes mencionada.
La entrevistada junto con una de sus hermanas que actualmente aún continúa viviendo en el lugar recordó que Rosa Maria y Paulina Franco Murillo, operadoras de Olivier Dutoit, fueron las encargadas de ofrecer a los antiguos habitantes de Santa Teresa un terreno y un pie de casa en otro sitio, con la condición de que desalojen los antiguos caseríos o casonas de acasillamiento que habitaban.
La entrevistada recordó que Dutoit compró el casco de la hacienda y después de eso, informó a todos los antiguos habitantes que en vista que carecían de papeles actualizados que acrediten la propiedad, realizarían una serie de mediciones en cada predio a fin de elaborar documentos de propiedad.
Así las cosas, los vecinos de buena fe permitieron las mediciones en sus predios, frente y fondo pero con el verdadero fin de englobar todo en una sola propiedad, incluyendo el casco y terrenos aledaños.
Tras las mediciones a los pocos meses en junio del 2008, se realizó una operación de compra venta entre Hidalgo Jiménez, antiguo dueño del casco de la hacienda, y la Inmobiliaria Gran Puente, hecho del cual dio fe el notario Fernando Castellanos, pasando por encima de los derechos que le asisten a los posesionarios o habitantes de las antiguas casonas como posesionarios, y dejando sin validez los certificados parcelario que sus ancestros, padres y abuelos, recibieron de la entonces Secretaría de la Reforma Agraria.
Ante el abuso y la operación de compra venta realizada bajo esquemas poco claros, la informante acudió al Registro Público de la Propiedad para solicitar los planos catastrales del predio tablaje 381, pero en dicha instancia le negaron dicha documentación
"En ese entonces estaba don Vicente Euan, alcalde de Motul, fuimos a ver al señor ese y nos dijo que no tiene nada que ver con eso, vean que hacen es su problema".
Fuimos a Mérida en el catastro nos cerraron puertas, la gente poco a poco se fue y desalojaron los predios, los cuales ahora están clausurados con bloques, añadió la informante.
Ellos, les compraban terreno para hacer casa de la misma medida.
De la misma manera acudieron al Ministerio Público donde interpusieron una denuncia, que no ha prosperado.
A principio de cuentas el caso era llevado directamente por las hermanas Franco Murillo, pero ahora quedó bajo responsabilidad del abogado Miguel Bargas Díaz, quien insiste en promover recursos legales a fin de consumar el desalojo.
Mencionó que a cambio le están dando 120 mil pesos, pero esa cifra no alcanza para edificar una casa, ni mucho menos para los detalles de la misma.
Dzul Dzib mencionó que le han llegado varias notificaciones de advertencia de desalojo, pero en vista que recurrió a la justicia federal, estas no han sido consumadas.
Entre las medidas de presión que ha sido víctima figuran suspensión del servicio de agua potable, intentos por que se le retire el transformador eléctrico que regula el flujo de electricidad a su predio, todo promovido por Rosa María Franco Murillo.
Dijo que fue emplazada el pasado 2 de marzo para desalojar, tras recibir una notificación de los Juzgados Civiles bajo la causa 661/2015.
De la misma manera, en el legajo de pruebas, que ella ha aportado, obra un documento que la acreditaba como dueños del predio, el cual emitió uno de los primeros propietarios de la hacienda Santa Teresa, de apellido Palma.
Mientras todo se resuelve en tribunales, la quejosa denuncia la campaña de intimidación que encabeza Henri Olivier Dutoit y sus operadoras, Franco Murillo, que por cierto ellos orquestaron toda una campaña para tirar un proyecto de construir un parque eólico en Suma de Hidalgo donde igual pretendieron aplicar la misma estrategia de intimidación que utilizan en Santa Teresa ahora convertido en un pueblo fantasma.
(POR ESTO! / Corresponsalías)