El presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inaip), Aldrín Briceño Conrado, rindió ayer su informe anual de actividades 2018 ante el Congreso del Estado y propuso tres modificaciones legislativas para perfeccionar el trabajo de esa dependencia.
La sesión estuvo encabezada por el presidente de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura, Enrique Castillo Ruz (PRI); el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso estatal, Felipe Cervera Hernández (PRI); el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Avila Heredia, así como el Consejero Jurídico del Estado, Mauricio Tappan Silveira, en representación del Gobernador del Estado.
Briceño Conrado propuso modificar el artículo 31 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado para que los nuevos consejeros designados por el Congreso duren en su encargo cuatro años.
Además solicitó que se modifique las normas pertinentes para evitar disminuciones presupuestarias al órgano garante de la defensa de los derechos humanos, el acceso a la información pública y los datos personales, a fin de garantizar estas premisas.
De la misma manera, el titular del Inaip manifestó que están en toda la disposición para trabajar en una Ley del Sistema Estatal de Archivos “que refleje, además de la técnica archivística, nuestra idiosincrasia en el cuidado y la conservación de la gestión documental”.
Mayor interés
En su informe dijo que cada vez más personas están interesadas en conocer la información pública, ya que en el 2018 se presentaron 12 mil 883 solicitudes, 17% más que en 2017; el Poder Ejecutivo es el que registró mayor porcentaje de requisiciones (51% del total), seguido por los ayuntamientos (28%) y los organismos autónomos (10%).
No obstante, el presidente del organismo reveló que los resultados del Programa Anual de Vigilancia 2018, que revisó a 159 sujetos obligados, sorteados para el proceso, detectó que 114 publicaron la información generada ese año y 45 no publicaron ninguna información, en su mayoría Ayuntamientos.
Dijo que se recibieron 117 denuncias ciudadanas contra 63 sujetos obligados por posibles incumplimientos a las obligaciones, lo que representó un incremento de casi 6 veces más que en el 2017, “una muestra más del incremento del interés social en la consulta de la información pública”.
En materia de vinculación durante el 2018, dijo que el Inaip impactó directamente a 13 mil 359 personas, en conferencias, pláticas y participación en distintos foros y ferias ciudadanas. Precisó que, en cuanto a promoción en redes sociales y vías electrónicas se refiere, el Instituto promovió la inclusión de la población mayahablante, pues llevó a cabo campañas y publicaciones en el idioma autóctono.
Sector educativo
En cuanto al sector educativo se refiere, señaló que durante el 2018 se realizaron actividades de comunicación en escuelas de nivel superior con una participación de 2 mil 210 estudiantes; también se impartieron pláticas a 4 mil 283 estudiantes de escuelas de nivel medio superior, y se vinculó a más de 1000 infantes de nivel primaria con las Jornadas de Transparencia en sus escuelas y a 637 niños y niñas en cursos de verano.
Briceño Conrado informó que en el periodo se llevaron a cabo 177 acciones de capacitación dirigidas a 3 mil servidores públicos. Destacó la plática informativa “Lineamientos generales para la entrega-recepción de la administración pública municipal, dirigida a servidores públicos de los 106 municipios de Yucatán”, en la cual las autoridades salientes recibieron capacitación para realizar los procesos de entrega recepción de sus unidades administrativas, en el marco de los cambios de administración pública municipal, así como reuniones con los actuales alcaldes.
“La meta es que, para los ciudadanos, los cambios de gobiernos municipales o estatales signifiquen la continuidad del ejercicio de sus derechos”, aseveró.
Ley de Adopciones
En asuntos generales, Milagros Romero Bastarrachea (MC) presentó una iniciativa para expedir la Ley de Adopciones del Estado, con la intención fundamental de procurar que todo niño, niña o adolescente que ha sido abandonado, que no tiene una familia o que no cuenta con una persona responsable legalmente de su buen desarrollo, tenga mayores y mejores oportunidades de vivir en un entorno familiar y se sobreponga al estado de indefensión en el que corre riesgo su integridad física y psicológica.
Lo anterior, continuó, porque en 2018 solamente 12 menores fueron integrados a una familia, según datos de la Procuraduría del Menor y la Familia del Estado, no obstante que existen 400 solicitudes de matrimonios y personas solteras que tienen la intención de adoptar, pero el largo proceso y la falta de coordinación entre las autoridades dan como resultado muchos años de espera en los que el menor puede ya gozar de una familia plena y un desarrollo humano totalmente garantizado que la propia figura de adopción proporciona.
“En Yucatán la adopción ya no es un tabú, sino todo lo contrario, pues actualmente el Estado ocupa el cuarto lugar a nivel nacional en integrar a niños a una familia.
Sin embargo, expuso, hay una realidad cruda y difícil de ocultar: la de los niños y adolescentes de entre 9 y 17 años que han pasado su vida dentro de un albergue, que no han podido tener padres, sobre todo los menores que sufren alguna discapacidad. Ellos han perdido la esperanza de ser adoptados, a pesar de que la mayoría de esta lista ya están preparados psicológica y emocionalmente para reintegrarse a una familia”.
Agregó que la iniciativa de ley es una medida legislativa que tiene como objeto esencial garantizar ese interés en materia de adopción, partiendo de la responsabilidad que tienen como legisladores para verificar que se proporcionen los medios básicos de subsistencia y los cuidados necesarios para el desarrollo integral infantil en un contexto familiar.
Violencia digital
Janice Escobedo Salazar (PRI) también presentó una iniciativa para incorporar el concepto de violencia digital a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado para definirla como “la cometida a través del uso de las tecnologías de la información, como internet, telefonía móvil, comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos; que, de manera directa o indirecta, atente contra la imagen, intimidad, honor, seguridad o integridad”.
De igual forma, propone que se contemplen dentro de la citada norma, diversas herramientas para las autoridades, a fin combatir este tipo de conductas que tanto agravian, no sólo a las mujeres sino a la sociedad en general, porque por cualquier tipo de ataque a la mujer, tarde o temprano tendrá consecuencias en generaciones futuras.
(David Rico)