Delfín Quezada Domínguez
Entre peces y tiburones
La pesca enfrenta actualmente diversos y graves problemas que afectan la producción y productividad del sector, lo que pone en riesgo su propia existencia y la conservación de las especies acuáticas, como objetivo de las actividades pesqueras. Ello hace necesario fortalecer el marco normativo nacional y estatal en materia pesquera, para lograr un efectivo uso sustentable de los recursos pesqueros, con la implementación de políticas públicas y una efectiva interrelación entre autoridades y personas relacionadas con el sector. La sustentabilidad requiere de una pesca responsable, basada en un ordenamiento y manejo pesquero que responda a los principios ecosistémico, precautorio y de corresponsabilidad, dentro de un sistema integral y equilibrado que tome en cuenta la interrelación entre las especies pesqueras, los factores externos y las partes interesadas en el ámbito de la pesca.
En el ámbito económico, como en el político es la hora del cambio. No se pueden seguir haciendo las cosas como antes, ni tampoco actuar al más puro estilo neoliberal e intentar poner medidas sin consultar a nadie, escudados en argumentos tecnocráticos alejados de la realidad social.
En los últimos meses se ha suscitado una fuerte controversia en el sector pesquero, especialmente a partir de que se abrieron las temporadas de captura de la langosta marina y del pulpo, especies de alto valor comercial que despiertan la esperanza de quienes permanentemente viven de la pesca, pero también de personas ambiciosas que ven en ella una manera de hacerse de ganancias fáciles y rápidas, incurriendo muchas veces en el delito. Decimos esto, pues para nadie es un secreto que los recursos del mar han sido sometidos a una intensa sobre explotación, aseveración que puede ser sustentada con el caso del mero, especie que ha sufrido un grave descenso en las capturas. Esto puede ser comprobado de manera práctica con los datos anuales de captura, índices que vienen en continuo declive y que son avalados por los propios pescadores que actualmente están sufriendo este problema, sobre todo, en la parte de su economía.
Ninguna persona en su sano juicio, que no se enriquezca con la explotación irracional de los recursos marinos, puede negarse a que se establezcan medidas que tiendan a proteger el medio ambiente y de esa manera preservar las condiciones para que las futuras generaciones de pescadores generen riqueza con su trabajo creador. Son meritorias las intenciones de aquellas autoridades que se preocupan por implementar medidas tendientes a contribuir a restablecer el equilibrio ecológico, un equilibrio perdido por la inconciencia y la avaricia de diversos sectores de la población, así como la corrupción de muchos funcionarios de todos los rangos.
Lo incorrecto es creer que, desde un escritorio, con estudios de gabinete desvinculados de la práctica cotidiana –y a veces sin consultar a nadie– se pueden tomar decisiones que afecten a miles de seres humanos. Es verdad que en el sector pesquero, como todas las actividades económicas del país, se viven agudas contradicciones generadas por un sistema que ha sido incapaz de generar las condiciones para que la mayoría de la población viva con dignidad y decoro, con perspectiva de mejoramiento social. La riqueza generada durante décadas por el trabajo de los pescadores yucatecos se encuentra desigualmente distribuida y el sector permanece en condiciones que requieren una reordenación profunda -aunque no sabemos si ha habido alguna vez una ordenación en el sector-, no sólo en lo que se refiere al régimen de capturas, sino también a las no menos importantes fases de industrialización y comercialización. La flota pesquera yucateca demanda una urgente modernización, los industriales del sector –con honrosas excepciones– se dedican a obtener ganancias inmediatas y cómodas, y prefieren no invertir en los procesos productivos que permitan lograr un mayor valor agregado.
La reordenación pesquera es urgente, pero debe ser lograda por consenso, con la participación de todos los involucrados en la actividad, desde las autoridades federales, estatales y municipales, los miembros de las cooperativas y los pescadores libres, así como la iniciativa privada. Las autoridades tienen la obligación de escuchar a todos aquellos que durante décadas han vivido de la pesca en Yucatán, que se la han jugado con su estado y con su gente. Debe de escuchar sus puntos de vista y adoptar medidas fundamentadas científicamente sin perder de vista el aspecto social ineludible en toda acción de gobierno. Por eso es loable el esfuerzo de la Secretaría de Pesca y Acuacultura Sustentable de Yucatán, de realizar acciones de reordenamiento, el cual todos los involucrados deberán proponer elementos para lograr un mejor resultado final.
El deber de los pescadores, de las personas que viven alrededor de la actividad, el sector pesquero en general, es tomar conciencia creciente de que los recursos naturales requieren de ser explotados racionalmente, logrando con ello un desarrollo sustentable que asegure la supervivencia de las futuras generaciones. (La pesca, reordenación por consenso; Revista Alternativa del Sureste; 1997)