Cristóbal León Campos
I
El Movimiento Obrero-Popular y el asesinato de Efraín Calderón Lara “El Charras” acontecidos en Yucatán en los años 1973 y 1974 cumplen un año más, logrando permanecer en la memoria colectiva a pesar de la negación gubernamental y su exclusión en la historia oficial enseñada y difundida en las escuelas de todos los niveles del Estado. El recuerdo vivo entre quienes participaron y la transmisión principalmente oral entre generaciones han logrado que una parte de lo acontecido permanezca vigente y se evoque en cada aniversario.
Sin embargo, aún hay muchos factores y acontecimientos de dichos procesos que deben ser estudiados a fondo y dados a conocer a la sociedad, además, sigue faltando el necesario reconocimiento de esta parte de la historia local como un suceso englobado en la lógica nacional y, sobre todo, como una parte integral de la evolución de la Universidad Autónoma de Yucatán que cumplirá pronto cien años. Resulta lamentable que hasta la fecha, cuando se cumplen cuarenta y seis años del secuestro y asesinato del líder y asesor sindical, la Universidad siga sin dar importancia a los acontecimientos, más aún siendo que el 16 de febrero de 1974 la Policía y el Ejército agredieron a la universidad disparando contra los estudiantes, evidencia que fue borrada del edificio central de la UADY, como fue borrado el nombre de “Efraín Calderón Lara” del teatro universitario (hoy Felipe Carrillo Puerto) y se retiró la placa colocada por la comunidad a la entrada del edificio central donde se repudiaba la represión y el autoritarismo de la época, huellas físicas eliminadas por el poder para implantar su versión de los hechos. Todavía quedando pendiente un gran acto de desagravio efectuado por la comunidad universitaria. La memoria se diluye ante la complacencia de muchos que continúan tratando de negar la importancia histórica y social de la organización y la lucha del sindicalismo independiente acompañado solidariamente por los estudiantes y la sociedad yucateca.
II
Tres testimonios confrontados o complementados pueden dar lugar a análisis profundos sobre el Movimiento Obrero-Popular de 1973-1974, por un lado, las palabras escritas por el entonces Gobernador de Yucatán, Carlos Loret de Mola, escritas en sus memorias cuya expresión dejan muy en claro la forma en que interpretó y actuó: “un chantaje soez y abyecto (de) destripados universitarios […] barbopelucones drogadictos […] y unos cuantos vividores locales (que) convirtieron las escuelas universitarias en centros temporales de vicio y ultraje a muchachas, tabernas con expendio de mariguana y hoteluchos para ratos”, con esas ideas el ex gobernador calificó la lucha sindical y la organización popular-estudiantil que reclamaba el respeto de los derechos laborales y posteriormente el esclarecimiento y castigo del crimen cometido contra Efraín Calderón Lara.
Por otro lado, el maestro Fidelio Quintal Martín, escribió un artículo en 1977 sobre los acontecimientos referidos, en él reconoce a los estudiantes como sujetos sociales activos y comprometidos con la sociedad: “en Yucatán vuelve a darse el caso de la participación estudiantil en apoyo a los movimientos populares: jóvenes universitarios con cierto nivel de politización se deciden a participar en forma militante en la organización de los trabajadores”, una expresión sencilla, pero que deja camino para la profundización reflexiva sobre uno de los movimientos sociales más importantes del Yucatán moderno.
Asimismo, otro testimonio que aguarda el análisis historiográfico, son los números de la Revista Por Qué? publicados en esas fechas, cuyo contenido analítico e imágenes esclarecedoras, han quedado para dar lugar a investigaciones que rompan el círculo interpretativo que hasta la fecha cubre los sucesos, pues entre otras cosas, es justo recordar que la gran mayoría de medios de comunicación accedieron al silencio mediático del poder, hecho que engrandece aún más, los testimonios recogidos en la Revista Por Qué? Las futuras investigaciones no pueden continuar dejando de lado tan relevante documentos históricos.
III
Entre los muchos capítulos de la Guerra Sucia en México que permanecen ocultos, es importante señalar uno de los que se desarrolla paralelo al asesinato de “El Charras”, concerniente a Raúl Enrique Pérez Gasque (a) “Alonso”, quien siendo oriundo de Mérida, nació el 8 de noviembre de 1947, cursando estudios en la preparatoria uno de la Universidad de Yucatán (UDY), donde fue compañero de Efraín Calderón Lara y otros destacados luchadores sociales e intelectuales de Yucatán. En su juventud se incorporó a la participación política, dando sus primeros pasos en la oficialía mayor de la Sociedad de Alumnos de la preparatoria. Posteriormente realizó trabajo comunitario en varias poblaciones cercanas a Mérida y apoyó el movimiento estudiantil de 1968.
Al recrudecerse la represión del gobierno contra el movimiento estudiantil se incorporó en la clandestinidad al Ejército Insurgente Mexicano. Tiempo después fue parte de la fundación de las Fuerzas de Liberación Nacional (FLN), realizó trabajo de inteligencia para los insurgentes, fue descubierto por el gobierno durante la Operación Diamante en 1974. Participó en el núcleo guerrillero Emiliano Zapata, entrando en combate con las fuerzas represivas del Estado en varias ocasiones. Fue detenido por ejidatarios y entregado al Ejército el 21 de marzo de 1974 en Ocosingo, Chiapas, inmediatamente se le trasladó al Campo Militar Nº 1 en la capital del país, donde permaneció detenido en manos de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) hasta el 9 de abril del mismo año, se conserva como evidencia su última declaración realizada. Desde esa fecha su destino junto al de su esposa Elisa Sáenz Garza (a) “Murcia” (con quien fue detenido) permanece oculto. La evidencia de las torturas y asesinatos realizados por los gobiernos a innumerables casos de luchadores sociales no permite suponer que su destino fuera diferente. Apenas en el año de 2001 la CNDH reconoció su desaparición forzada, quedando muchos aspectos por aclarar. Es una víctima más de la Guerra Sucia que desarrollaron los gobiernos mexicanos desde los años sesenta en contra de todo movimiento o persona que se rebelara y organizara para luchar contra cualquier injusticia. Su desaparición como el asesinato del “El Charras” son crímenes de Estado que deben ser totalmente esclarecidos.
III
La elucidación de los crímenes que se han cometido en la Guerra Sucia es necesaria para comenzar a establecer la justicia en el país y recuperar la memoria histórica que permanentemente los poderosos quieren robarnos. La creación de una comisión de la verdad debe permitir el estudio y análisis con una mirada amplia de todo el proceso, las formas y las responsabilidades incluso, puede servir para la toma de conciencia y de ejemplo para evitar casos recientes como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Mucha es la historia oculta como mucho es el dolor aún presente en la sociedad. Establecer la justicia histórica reivindicaría a quienes han contribuido a la conformación de nuestra nación y cuyos nombres no figuran en la memoria colectiva. Transitar de la injusticia y la desigualdad a un orden social basado en la justicia e igualdad es el deber prioritario que nos ocupa en el presente.
*Integrante del Colectivo Disyuntivas