Adelaida Salas Salazar, integrante del Observatorio Nacional del Feminicidio en Yucatán, consideró que la propuesta de la pena de muerte a homicidas de niñas, niños, adolescentes y feminicidas es un tema polémico que se debe de estudiar a fondo pues representaría un grave riesgo en un país donde el sistema de justicia condena todo el tiempo a gente inocente y a los culpables los deja libres.
La activista fue entrevistada sobre la propuesta del senador Víctor Fuentes Solís, quien luego del asesinato de la niña Fátima puso sobre el debate la pena de muerte.
Salas Salazar dijo que, de pronto, por la magnitud de todos los acontecimientos que se han dado en el país, muchos quieren sacar raja política y hacen propuestas, como la pena de muerte, con una ligereza que asombra.
“Lo digo porque el sistema que tenemos condena a gente inocente, no hay capacidad para hacer justicia verdadera, no hay certeza. Porque los reclamos de pena de muerte y otras situaciones son producto de la impunidad que se vive y otra cosa sería si hubiera justicia, pero hoy día es difícil y casi imposible acceder a ella”, señaló.
Reiteró que le falta mucho al sistema de justicia y a la sociedad misma para poder hablar de la pena de muerte, pero primero habría que trabajar en que se cumplan las leyes, en que haya prevención y acceso a la justicia real.
Como ejemplo citó la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual no cumple con su objetivo. En el caso de Yucatán, por ejemplo, no se han instalado los Comités de Prevención, Atención y Sanción que marca dicha ley, además de que en las dependencias procuradoras de justicia no hay sicólogos ni tampoco capacitación con perspectiva de género.
Además, dijo que el sistema penal cuida mucho al agresor, incluso de delitos graves, y si este consigue un buen abogado que ponga el dedo en la llaga sobre la falta de debido proceso, sale libre. En este sentido, dijo, los delincuentes y agresores difícilmente serían condenados a la pena de muerte, tal como hoy no son condenados a pagar por los feminicidios.
De acuerdo con el sistema penal, y ha ocurrido, una persona que cometió feminicidio, mató y enterró a la esposa, y que debería enfrentar una pena de 60 años, confiesa su crimen y dice estar arrepentido y el juez le da una pena de 18 años, mal entendiendo de lo que se trata un juicio abreviado.
Así, se preguntó, de qué valdría la pena de muerte si no hay justicia y si no se condena a los culpables, a pesar, incluso, de haber un cúmulo de evidencias por demás claras.
Otro tema –expuso– es el hecho de que, si un joven de 17 años comete un crimen grave, como el feminicidio, no debe pasar más de 5 años en tratamiento, que no se le puede llamar prisión.
“Creo que a estas alturas lo que la sociedad demanda es que se haga justicia, y propuestas como la de la pena de muerte son más bien mediáticas, porque lo que se debería atender de fondo es que haya un acceso real a la justicia y que el sistema penal funcione”, expuso.
Una vez cumplido todo ello, a lo cual estamos a años luz, dijo, se podría empezar a abrir un debate sobre la pena de muerte y que podría ser viable en el caso de que a una persona se le compruebe de manera irrefutable que cometió el crimen y que podría recibir una sentencia de 60 ó 100 años.
En este tenor, dijo, en vez de que el Estado esté gastando en su manutención sí podría considerarse una pena de muerte, pero reiteró que no es un tema que se pueda tomar a la ligera, que se debe analizar a fondo cuando haya las condiciones para poder discutirlo.
(David Rico)