Mientras los pobladores de Santa María Chi celebran la clausura definitiva de la polémica granja porcícola que durante años afectó su salud y contaminó su entorno, en otra zona del estado se avanza en los trámites para abrir un nuevo complejo pecuario con capacidad para albergar 24 mil cerdos.
El contraste refleja una constante en Yucatán: la tensión entre el modelo de producción intensiva y las comunidades que denuncian los daños ambientales.
Reubican a los cerdos de Santa María Chi
La Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) confirmó que los cerdos de la clausurada granja de Santa María Chi ya están siendo reubicados en otras granjas de Yucatán, aunque desconoce el número exacto de animales y los sitios de destino.
La titular de la dependencia, Neyra Silva Rosado, explicó que la operación es responsabilidad de la empresa propietaria, Grupo Porcícola San Gerardo, ligada a los empresarios Oswaldo Loret de Mola Coldwell y Francisco José Loret de Mola Díaz, aparceros de Kekén.
“No se trata de reubicar la granja, sino a los cerdos. No podemos dejarlos ahí porque eso generaría un problema de salud más grave”, afirmó la funcionaria.
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El retiro de los animales es gradual y bajo vigilancia ambiental. El objetivo es evitar que permanezcan en condiciones de abandono, lo que agravaría el riesgo sanitario para la población y el medio ambiente.
Aunque la clausura fue ejecutada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la logística del traslado recae en los dueños.
La exigencia del pueblo
Para los habitantes de la comunidad de Santa María Chi, encabezados por el comisario Wilberth Nahuat Puc, lo urgente no es el litigio legal ni las sanciones, sino que los animales se retiren cuanto antes y que la granja sea desmantelada. “Mientras sigan ahí, el riesgo persiste. Lo que queremos es que se vayan ya”, expresó.
Los pobladores advierten que el traslado podría dirigirse hacia la reserva de Cuxtal, donde los mismos dueños operan al menos dos granjas. “Ahí está la planta de aguas que abastece a Mérida, la afectación sería ahora para la ciudad”, denunció el comisario.
Una lucha de años
La clausura de Santa María Chi fue el resultado de una lucha comunitaria de dos años, marcada por amparos, protestas y constantes denuncias. Los pobladores documentaron contaminación del agua, quema de excremento en el monte y enfermedades en la población.
Profepa constató que los empresarios continuaban descargando aguas residuales al manto freático sin autorización, lo que derivó en la clausura definitiva.
El gobernador Joaquín Díaz Mena informó que se mantiene comunicación con los empresarios para que la reubicación de animales se realice sin demoras. Pero la comunidad insiste en que el proceso debe concluir ya y que la granja sea desmantelada para cerrar un capítulo que, aunque representa una victoria legal, aún mantiene abiertos riesgos ambientales.
Un nuevo proyecto en Tekantó
Mientras Santa María Chi enfrenta el proceso de cierre y traslado de animales, en el municipio de Tekantó otro proyecto porcícola busca abrir sus puertas.
De acuerdo con el Diario Oficial del Estado, se ingresó una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para el “Centro Porcícola Tixcochoh”, en el ejido del mismo nombre. El predio, conocido como “Granja Inquietas 12”, se ubica en la parcela 33 Z-1 P/1 del núcleo ejidal.
El proyecto plantea la cría y engorda de 24 mil cerdos en ocho naves de producción, con el objetivo de abastecer al mercado regional y nacional. La superficie del complejo abarcaría más de 301 mil metros cuadrados, distribuidos entre áreas de conservación, riego, producción y servicios.
La SDS aclaró que el promovente está obligado a cumplir con lo dispuesto en la MIA y aplicar medidas de mitigación ambiental. Además, se abrió un plazo de cinco días hábiles para que la población interesada consulte el documento y presente observaciones. La documentación se encuentra disponible en las oficinas de la Secretaría en Mérida.
Debate abierto
El contraste entre el cierre en Santa María Chi y la solicitud de apertura en Tekantó refleja una dinámica que parece repetirse en Yucatán: mientras comunidades logran clausuras tras años de lucha, nuevos proyectos surgen en otras zonas bajo el amparo de trámites legales.
Organizaciones ambientales han advertido que, sin una política de ordenamiento territorial clara, Yucatán seguirá enfrentando un círculo interminable de conflictos sociales, legales y ambientales ligados a la industria porcícola.
Según la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en 2023 se identificaron 507 granjas porcinas en Yucatán. Sin embargo, investigaciones de la organización Mercy For Animals elevaron la cifra a 872 instalaciones, tras detectar con drones 372 granjas que no aparecían en los registros oficiales.
La magnitud de este crecimiento es contundente: Yucatán concentra 1.6 millones de cerdos y más de 38 millones de aves de corral, cifras que colocan al estado en el tercer lugar nacional en ambas categorías. Esta densidad animal rebasa la capacidad de regeneración de los ecosistemas locales.
Un ejemplo claro está en los municipios de Muna, Conkal y Cacalchén, donde la densidad es de dos cerdos por hectárea, es decir, más animales que personas, según reconoció la propia Semarnat.
De acuerdo con Greenpeace, el 86% de las granjas porcinas de la Península están en territorios indígenas mayas, cuyos habitantes sufren contaminación del agua, malos olores, enfermedades y pérdida de cultivos básicos de la milpa, como maíz y calabaza.
El impacto no se limita al medio ambiente: también ha debilitado la crianza tradicional de cerdos en traspatio, una práctica cultural y económica que poco a poco desaparece, desplazada por el avance de las grandes corporaciones.