La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) decretó la clausura total-temporal a las obras de construcción de una granja avícola que la empresa CRÍO desarrollaba dentro del sitio arqueológico de Tzemé, en Kinchil, donde desde octubre se advertía la devastación del monte, la alteración de estructuras mayas y el avance de maquinaria pesada sin permisos.
La medida se aplicó luego de que inspectores federales constataron que la empresa mantenía movimientos de tierra, apertura de vialidades internas y nivelación del terreno sobre un asentamiento maya registrado, sin autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) ni permisos ambientales para el cambio de uso de suelo en terrenos forestales.
El Consejo Comunitario de Kinchil reportó la destrucción desde el 17 de octubre, cuando habitantes encontraron maquinaria derribando vegetación nativa —chaká, ramón, jabín y ceibas jóvenes— y afectando montículos y plataformas del conjunto arqueológico de Tzemé. Aunque la denuncia se entregó de inmediato al Centro INAH Yucatán, la suspensión oficial tardó más de diez días en emitirse y, aun así, no fue acatada por la empresa, que siguió trabajando dentro del polígono protegido.
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Durante ese lapso, los pobladores documentaron el ingreso continuo de retroexcavadoras, camiones de volteo y cuadrillas que ampliaban el área intervenida, colocaban pilotes y continuaban con la nivelación del terreno.
Tzemé, un sitio arqueológico protegido por ley
Tzemé se encuentra en el inventario oficial del INAH y forma parte del Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicas, por lo que su conservación está protegida por ley. En el área se identifican basamentos, albarradas, cimientos habitacionales y elevaciones que integran un asentamiento maya que se extiende por varias hectáreas.
El proyecto de CRÍO se instaló en el corazón del sitio, donde el desmonte ya había alcanzado estructuras visibles. La intervención avanzó sin estudios arqueológicos, sin delimitar el área de resguardo y sin supervisión especializada, en violación directa a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas.
Además del impacto cultural, el Consejo Comunitario señaló afectaciones ambientales graves, pues la obra se realiza en un terreno forestal cercano a zonas de recarga del acuífero, a cenotes y a rejolladas de uso comunitario. Las denuncias incluyen destrucción de hábitat de venado cola blanca, aves de monte y pequeños mamíferos, pérdida de especies nativas de árboles, riesgo de contaminación por desechos futuros de la granja y alteración del drenaje natural del terreno.
Para Félix Canul, integrante del Consejo, aunque la obra está hoy clausurada, “el daño ya está hecho”. Recordó que esas tierras fueron cuidadas por generaciones y que la devastación representa “un ecocidio y un etnocidio como nunca se había visto en Yucatán”. También relató que durante su infancia caminaba por la zona con sus abuelos, quienes le enseñaban la importancia de proteger Tzemé, considerado por el INAH como un antiguo centro comercial maya conectado por rutas acuáticas con Tabasco y Campeche.
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Félix agregó que, además del impacto ambiental, su familia sufrió pérdidas económicas cuando la maquinaria derribó más de un kilómetro de cerca, provocando que el ganado huyera hacia el monte. Hasta ahora no han logrado recuperar todos los animales, lo que representa pérdidas cercanas a 45 mil pesos y la desaparición de varios ejemplares.
La milpa, la ganadería y la apicultura local también han resentido los daños. La apicultora Gregoria Canul, integrante del Consejo Comunitario, explicó que la destrucción masiva de monte ha obligado a las abejas a buscar alimento más lejos de lo habitual, acercándose incluso a una mega granja porcícola cercana. Ahí, el olor fétido, la proliferación de moscas y las condiciones ambientales adversas están reduciendo la producción de miel y han provocado mortandad creciente de abejas.
Acciones legales contra CRÍO
Tanto el Consejo Comunitario de Kinchil como la Fundación Yansa informaron que ya iniciaron procesos legales contra Grupo CRÍO. Señalan que los daños no sólo afectan al patrimonio y al medio ambiente, sino también la economía de varias familias, que han perdido más de 100 cabezas de ganado, miles de metros cuadrados de milpa maya y múltiples colmenas.