Uayma, municipio del oriente de Yucatán ubicado a pocos kilómetros de Valladolid y con una población mayoritariamente indígena y de alta marginación, enfrenta hoy los saldos de su pasada administración municipal. La Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) detectó un daño patrimonial por al menos un millón 789 mil pesos durante los últimos ocho meses de gobierno de la exalcaldesa priista Yamili Ivony Cupul Vázquez, quien encabezó el Ayuntamiento en los periodos 2018–2021 y 2021–2024.
De acuerdo con el segundo informe de resultados de la Cuenta Pública 2024, entregado al Congreso del Estado, las irregularidades se concentraron en el manejo de recursos provenientes de participaciones federales, particularmente en pagos sin sustento documental, servicios inexistentes, uso indebido de partidas presupuestales y operaciones financieras que impidieron rastrear el destino real del dinero público.
Uno de los primeros hallazgos corresponde a pagos en efectivo y mediante cheques expedidos tanto a favor de la entonces presidenta municipal como del tesorero, José Domingo Xooc Cobá, por un monto conjunto de 674 mil 600 pesos, registrados como “ayudas sociales”. Sin embargo, la ASEY detectó diferencias por más de 119 mil pesos entre lo reportado en contabilidad y lo efectivamente comprobado, además de la ausencia de solicitudes formales, recibos oficiales, constancias de entrega, evidencia fotográfica y reglas de operación, lo que dejó el gasto en un terreno de absoluta discrecionalidad.
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A esto se suman transferencias electrónicas por 286 mil pesos, realizadas en agosto de 2024 y clasificadas como servicios legales, contables y administrativos. La Auditoría documentó que dichos pagos carecen de contratos, no cuentan con informes de trabajo ni evidencias que acrediten la prestación de los servicios, lo que refuerza la hipótesis de servicios profesionales simulados.
Proveedores bajo sospecha
El caso más voluminoso involucra al proveedor Candelario Dzib Brito, a quien se le pagaron 569 mil 623 pesos por diversos conceptos que van desde servicios legales hasta digitalización y apoyo administrativo. La ASEY encontró que no existe contrato alguno, que parte de las facturas carecen de validez fiscal, incluyendo comprobantes cancelados ante el SAT, y que no hay evidencia de entregables, como manuales de control interno, trabajos de escaneo, foliado de documentos o informes de solventación de observaciones realizadas por la propia Auditoría. Incluso se detectaron facturas duplicadas para un mismo periodo, sin justificación documental.
Otro proveedor observado es Marco Edain Maza Campos, quien recibió 438 mil 634 pesos mediante pagos en efectivo y transferencias. En este caso, la Auditoría identificó falta de contratos, ausencia de solicitudes de servicio, inexistencia de evidencias de recepción, así como el uso de una misma factura para respaldar dos pólizas distintas, lo que podría implicar un doble registro del gasto. La situación se agrava por la omisión deliberada del estado de cuenta bancario de agosto de 2024, lo que impidió verificar las operaciones de ese mes.
Un patrón similar se repite con el proveedor Integra GBM, S.A.S., al que se le pagaron 213 mil 440 pesos por supuestos servicios profesionales. Nuevamente, no existen contratos, informes ni documentos que acrediten la ejecución de los trabajos, ni solicitudes de servicio ni evidencia de recepción, además de que tampoco se entregaron los estados de cuenta correspondientes al mes clave de agosto.
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Ayuda social fantasma
Uno de los episodios más llamativos documentados por la ASEY corresponde al uso irregular de 162 mil 400 pesos, registrados como “ayuda social a instituciones sin fines de lucro”, cuando en realidad el recurso se destinó al pago de un grupo musical que se presentó en la feria de Uayma en julio de 2024. La Auditoría determinó que no se trató de una transferencia a una institución, sino de la contratación directa de un servicio artístico, lo que constituye una clasificación presupuestal indebida. Además, no existió solicitud formal del comité organizador, no se acreditó la naturaleza social del apoyo y la documentación presentada fue firmada por la misma persona como quien entrega y quien recibe el servicio, lo que invalida la comprobación del gasto.
Todas estas observaciones quedaron asentadas en el informe turnado a la Comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública, Transparencia y Anticorrupción del Congreso del Estado, que ahora deberá determinar si las irregularidades derivan en responsabilidades administrativas, resarcitorias o incluso penales.
Mientras tanto, en Uayma —uno de los municipios con mayores carencias estructurales del oriente yucateco—, los recursos públicos observados por la Auditoría representan no sólo cifras en papel, sino oportunidades perdidas para atender rezagos históricos en servicios básicos, infraestructura y bienestar social.
