En Yucatán, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad –que se conmemora cada 3 de diciembre desde 1992– llega con un recordatorio incómodo: la inclusión sigue siendo una deuda pendiente. A pesar de los avances normativos y del crecimiento de la conciencia social, el rezago persiste y la vida diaria de miles de familias sigue atravesada por barreras que van desde el transporte hasta la escuela, desde los accesos urbanos hasta el empleo.
El Censo de 2020 registró que 129,986 personas en Yucatán viven con una discapacidad, cifra equivalente al 5.6% de la población estatal, por debajo del promedio nacional, que alcanza el 7.3%.
Aun así, se trata de un número que, lejos de disminuir, se incrementa cuando se consideran otros tipos de limitaciones funcionales o condiciones de salud mental: en los registros del Iipedey se estima que más de 414 mil personas, casi 18 % del estado, enfrentan algún tipo de limitación que afecta su vida diaria, aunque no todas cumplan criterios oficiales de “discapacidad”.
Ese espectro más amplio –que incluye baja visión, dificultades para recordar, limitaciones físicas, problemas auditivos o condiciones psicosociales– revela una realidad más profunda: las cifras oficiales son apenas la superficie visible de un fenómeno social de mayor magnitud, uno que se vive en silencio en miles de hogares yucatecos.
Una población que envejece y se feminiza
La discapacidad en Yucatán tiene un rostro mayoritariamente femenino. De las 129 mil personas censadas en 2020, el 52.4% son mujeres y 47.6% son hombres, una tendencia que coincide con el patrón nacional.
El peso de la edad también es decisivo. Tal como sucede en México, en Yucatán la mayor concentración de la discapacidad ocurre en adultos mayores, lo que refleja el envejecimiento progresivo de la población. Con la edad se incrementan las dificultades visuales, motrices y auditivas; muchas veces en silencio, sin diagnósticos precisos y sin acompañamiento profesional.
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Pero la discapacidad no es exclusiva de quienes superan los 60 años. Miles de niñas, niños y jóvenes viven con limitaciones de nacimiento, condiciones genéticas, secuelas de enfermedades o accidentes. Para ellos, la falta de acceso a educación inclusiva y servicios especializados puede determinar su futuro: estudios recientes revelan que sólo 46% de los jóvenes con discapacidad de 5 a 29 años asiste a la escuela, por debajo del 60% de quienes no viven con ninguna limitación.
El costo de esa brecha se arrastra de por vida.
El mapa de las discapacidades en Yucatán
Las discapacidades más frecuentes en el estado reflejan una realidad que también se observa en América Latina: la vista y la movilidad están en el centro del problema. Datos del Inegi muestran la distribución: Dificultad para ver (aun con lentes): ~54,253 personas, dificultad para caminar o moverse: ~24,736, dificultad para oír (aun con aparato auditivo): ~26,921, discapacidad intelectual: ~24,734 y condición mental o psicosocial: ~33,924
La discapacidad visual es, con mucha diferencia, la más prevalente en la entidad. En buena medida se debe al envejecimiento, a problemas crónicos como la diabetes, o a la falta de revisiones oftalmológicas periódicas. Pero también es un reflejo de las limitaciones económicas: lentes, cirugías y tratamientos son servicios difíciles de costear para miles de familias.
La discapacidad motriz surge tanto de condiciones congénitas como de secuelas a causa de accidentes laborales, de tráfico o incluso domésticos. En zonas rurales, donde el acceso a fisioterapia y rehabilitación es limitado, muchas personas simplemente aprenden a vivir con el dolor y con la dependencia cotidiana.
La discapacidad auditiva, por su parte, está fuertemente relacionada con infecciones mal atendidas, exposición prolongada a ruido o dificultades congénitas que no se detectan a tiempo. En Yucatán, donde hay comunidades con fuerte presencia maya monolingüe, la falta de diagnóstico oportuno se agrava por las barreras lingüísticas.
Las discapacidades intelectuales y psicosociales –que incluyen trastornos cognitivos, del desarrollo y de salud mental– constituyen otro frente silencioso. Estas condiciones suelen estar más invisibilizadas que las físicas, lo que dificulta el acceso a terapias, apoyos y adaptaciones escolares.
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Cuando la discapacidad empobrece
La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (Enigh) confirma que en México las personas con discapacidad se encuentran entre las poblaciones con menor ingreso. Y Yucatán no es la excepción: mientras una persona sin discapacidad percibe en promedio 23,983 pesos trimestrales, una persona con discapacidad recibe apenas 13,642.
La inequidad es brutal
La desigualdad se ensancha porque quienes viven con discapacidad enfrentan más gasto que el resto de la población. En todo México, los hogares con al menos una persona con discapacidad gastan un promedio de 3,415 pesos trimestrales solo en cuidados de la salud, frente a 2,248 de hogares sin discapacidad.
A ello se suma el costo de aparatos, medicamentos, terapias, consultas, traslados, prótesis, órtesis o sillas de ruedas, un gasto que muchas veces no aparece en los reportes formales, pues se cubre en tandas, préstamos informales o sacrificios familiares.
La mayoría de los programas gubernamentales –sean estatales o federales– llegan a una fracción de quienes realmente los necesitan. A nivel nacional, solo 30.3% de las personas con discapacidad recibe algún apoyo económico. El resto navega la vida sin red.
El reto de ser productivo
El empleo para personas con discapacidad es quizá uno de los indicadores más reveladores sobre inclusión real. Según el Inegi, en México más de 102 mil unidades económicas reportaron emplear al menos a una persona con discapacidad en 2024. La cifra parece alta, pero representa apenas una fracción del universo laboral.
En Yucatán, las historias se repiten: empleadores renuentes, falta de adaptación en los lugares de trabajo, prejuicios sobre productividad y escaso acceso a capacitación laboral. Para quienes buscan trabajo, el proceso puede ser desgastante y deshumanizante.
De acuerdo con los Censos Económicos, la mayoría de las personas con discapacidad ocupadas se encuentran en el comercio y los servicios, seguidos de las manufacturas. La discapacidad visual es la más común entre personas empleadas, seguida de las limitaciones para caminar.
Aun así, una persona con discapacidad que obtiene empleo enfrenta un escenario adverso: salarios bajos, informalidad, horarios rígidos, falta de seguridad social o ausencia de ajustes razonables.
La inclusión laboral no es un discurso: es infraestructura, capacitación, accesibilidad, transporte y voluntad política y empresarial. Hoy, en Yucatán, todavía falta mucho para llegar ahí.
La ciudad y sus barreras
Mérida presume ser una de las ciudades con mejor calidad de vida de todo el país, pero su accesibilidad aún es insuficiente. Sus banquetas irregulares, rampas mal diseñadas, transporte público no adaptado, cruces peligrosos y señalética poco visible son parte del paisaje urbano cotidiano.
Para quienes viven con discapacidad –visual, motriz o incluso intelectual– cada traslado puede convertirse en un desafío. Algunas familias narran que deben cargar a sus hijos o adultos mayores para subirlos a las combis; otras prefieren aislase en casa por miedo a caídas o accidentes.
Fuera de Mérida, en municipios rurales, la situación es más compleja: hay localidades donde no existe transporte adaptado, centros de rehabilitación, fisioterapia o atención psicológica. La exclusión se multiplica a medida que se avanza hacia el interior del estado.
La brecha más dolorosa y más persistente
El acceso a educación inclusiva sigue siendo un punto crítico. Aunque Yucatán cuenta con programas de integración escolar, muchas escuelas no tienen rampas, personal capacitado, maestros en lengua de señas o materiales adaptados.
Las familias deben tomar decisiones duras: buscar una escuela cercana que no está preparada, o una escuela adecuada que está lejos y cuyos transportes son imposibles de pagar.
La consecuencia es devastadora: miles de niñas, niños y jóvenes quedan fuera del sistema educativo o lo abandonan en los primeros años. Sin educación no hay empleo, sin empleo no hay independencia. La discapacidad, entonces, se vuelve pobreza cíclica.