La propuesta de reducir la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas ha reavivado el debate sobre las condiciones laborales en Yucatán. Desde distintas trincheras, empresarios y representantes del sector obrero reconocen la importancia del tema, pero también advierten sobre los desafíos que implica su aplicación en un estado donde el 60 por ciento de la economía sigue operando en la informalidad.
El presidente de Coparmex Mérida, Emilio Blanco del Villar, consideró que la discusión no debe centrarse únicamente en reducir horas de trabajo, sino en construir una visión más amplia que contemple la sostenibilidad económica, la competitividad y la formalización del empleo.
“Hemos visto avances, como el incremento al salario mínimo, la ampliación de vacaciones y los cambios en el pago de aguinaldos, lo que valoramos. Pero hay que entender que al hacer más costoso el trabajo formal podemos incentivar aún más la informalidad”, advirtió el dirigente empresarial.
Para el sector patronal, añadió, el enfoque debe estar en elevar la productividad mediante trabajadores mejor capacitados, mejor remunerados y con mejores condiciones para desarrollarse profesionalmente. “No se trata sólo de trabajar menos, sino de trabajar mejor y con mayor eficiencia”, apuntó.
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Por su parte, Pedro Oxté Conrado, presidente del Congreso del Trabajo en Yucatán, manifestó su respaldo total a la reducción de la jornada laboral a 40 horas, señalando que se trata de una demanda histórica del movimiento obrero que busca no sólo aliviar la carga de trabajo, sino también dignificar el salario y las condiciones generales del empleo.
“Necesitamos recuperar el poder adquisitivo del salario. Hoy día, aun con los aumentos, no es suficiente para cubrir las necesidades básicas de las familias trabajadoras. Por eso, también pedimos el incremento del aguinaldo a 30 días, la mejora en el reparto de utilidades, y la erradicación total del outsourcing”, subrayó el líder obrero.
Oxté Conrado también insistió en la necesidad de homologar los derechos laborales entre los trabajadores del apartado A y B de la Ley Federal del Trabajo, para garantizar condiciones equitativas en todos los sectores del servicio público.
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Tanto la iniciativa privada como el sector obrero coincidieron en que el futuro del mundo laboral en México debe definirse mediante un diálogo abierto y responsable entre los actores involucrados: trabajadores, empleadores y autoridades.
“Este no es un tema que se pueda decidir en automático. Se requieren mesas técnicas de análisis, evaluaciones por sectores, y una mirada regional, porque no es lo mismo la dinámica económica de Yucatán que la de otras partes del país”, señaló Emilio Blanco.
Del lado obrero, Oxté reiteró que los trabajadores están dispuestos a dialogar y encontrar consensos, pero pidió voluntad política para avanzar en reformas que realmente mejoren la calidad de vida de las personas que mueven la economía. Aunque todavía no ha sido aprobada, su discusión ha encendido los focos en los sectores productivos, sobre todo en entidades como Yucatán, donde la formalización del empleo y el bajo salario promedio siguen siendo desafíos estructurales.
