En los primeros seis meses de 2025, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha abierto casi 200 procesos administrativos en Yucatán por daños al medio ambiente. Aunque la cifra es menor a los más de 370 expedientes del año pasado, las intervenciones han sido más visibles, firmes y en zonas de alto valor ecológico, lo que marca un cambio en la estrategia de vigilancia y sanción.
Entre los casos más graves se encuentran desmontes masivos, remoción ilegal de manglares, obras sin autorización en reservas naturales y cambio irregular de uso de suelo en comunidades del sur del estado.
Uno de los focos más delicados se ubica en el sur del estado, donde la Profepa ha iniciado al menos seis expedientes por desmonte y cambio de uso de suelo en municipios como Nohalal, Tekax y zonas de la Reserva Biocultural del Puuc y Bala’an K’aax. En total, las afectaciones superan las 350 hectáreas, muchas de ellas convertidas en plantaciones agrícolas.
Las inspecciones revelaron que estas actividades están relacionadas con grupos menonitas, quienes —según las investigaciones— buscan grandes extensiones de tierra para desarrollar cultivos, alterando de manera ilegal ecosistemas de selva mediana y alta. José González Medina, encargado de despacho de la oficina de Representación de Protección Ambiental y Gestión Territorial de la Profepa en el estado, explicó que estos procedimientos derivan de denuncias ciudadanas, inspecciones de rutina y oficios generados por anomalías detectadas por la propia dependencia.
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Los procesos administrativos, explicó, comienzan con la inspección, seguida de la notificación al presunto infractor. Después se dan plazos para presentar pruebas, y si se comprueba la irregularidad, se imponen sanciones que van desde la clausura hasta la obligación de reparar el daño ecológico.
“Lo que tratamos de evitar es el cambio de vocación forestal: desmontan, queman y siembran en áreas que deberían seguir siendo selva. Antes eran 100 o 150 hectáreas, hoy detectamos casos de hasta 350”, advirtió González Medina, quien reconoció que el problema no es exclusivo de Yucatán, sino también de Campeche y Quintana Roo.
Manglares arrasados y reservas taladas
Entre los casos más emblemáticos de este 2025 está la clausura de una remoción ilegal de manglares en Sisal, donde se devastaron más de 10 mil metros cuadrados de mangle botoncillo. El hecho ocurrió en febrero y, tras ignorarse los sellos de clausura, la Profepa reforzó la vigilancia y presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República por desacato.
En la capital del estado, la dependencia también clausuró en marzo dos predios dentro de la Reserva Ecológica Cuxtal, donde se realizaba un cambio de uso de suelo no autorizado. Se trata de una zona crítica para la recarga del acuífero y el equilibrio ambiental de Mérida, donde se habían deforestado al menos 2.7 hectáreas.
Otro caso preocupante ocurrió en el municipio de Tekax, dentro de la Reserva Biocultural del Puuc, donde maquinaria pesada devastó dos zonas boscosas —una de una hectárea y otra de diez— para habilitar cultivos sin permiso. Las autoridades confiscaron el equipo e iniciaron proceso legal.
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Más recientemente, en abril, fue suspendida una obra hidráulica en Dzemul que atravesaba una zona de charcas salineras y manglares, sin permisos ambientales. La Profepa advirtió públicamente al alcalde de posibles sanciones económicas si se reincide.
Advertencia en la costa
La contundencia de los operativos ha sido respaldada por declaraciones de Mariana Boy Tamborrel, titular nacional de la Profepa, quien en una gira por Ixil advirtió que los desarrollos inmobiliarios irregulares en la costa yucateca podrían enfrentar demoliciones forzadas si no corrigen su situación legal y ambiental.
“No se permitirá más impunidad. Quienes devastan sin permiso deberán asumir las consecuencias”, afirmó la funcionaria en marzo, al señalar que varias construcciones se levantaron en terrenos con presencia de mangle, dunas y fauna protegida.