Autoridades estatales confirmaron los graves daños ambientales ocasionados en la Reserva Biocultural del Puuc, donde fueron talados ilegalmente miles de árboles en un área de unos 12 kilómetros, presuntamente por órdenes de un empresario del sector hotelero e inmobiliario.
El hecho, considerado ya como un ecocidio, ha encendido las alertas entre organismos ambientales y comunidades locales.
En entrevista exclusiva con POR ESTO!, la titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) de Yucatán, Neyra Silva Rosado, aseguró que su dependencia trabaja activamente para determinar el impacto ecológico del daño y definir las medidas de mitigación que deberán ser implementadas por los responsables conforme a la ley. No obstante, subrayó que no es competencia directa de la SDS aplicar sanciones legales a los responsables.
“El daño se cometió en el área conocida como Rancho Uxmal, a sólo tres kilómetros de la zona arqueológica. Nosotros ya colaboramos con la Junta Intermunicipal Biocultural del Puuc (Jibiopucc), que fue quien notificó el hecho en abril”, explicó Silva Rosado. Añadió que dicha junta actúa como un ente de vigilancia en territorio y su trabajo conjunto con la SDS es clave para responder ante estas agresiones ambientales.
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Aunque las acciones punitivas no están bajo la competencia de la SDS, la funcionaria recalcó que su equipo está comprometido con el seguimiento de estos casos, el estudio del impacto y la exigencia de acciones correctivas por parte de las empresas involucradas, cuando se detectan irregularidades.
Un patrón preocupante
Este ecocidio no es un hecho aislado. En los últimos años se han registrado diversos incidentes similares en el estado, lo que evidencia un patrón preocupante de deterioro ambiental en zonas protegidas o de alto valor ecológico.
En enero de 2025, se denunció la tala de más de 200 plantas de mangle blanco en Dzilam de Bravo, una especie protegida. La madera fue transportada a plena luz del día frente al Palacio Municipal, lo que generó sospechas sobre una posible complicidad de autoridades locales.
También en marzo de este año, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) documentó dos predios con tala ilegal y cambio de uso de suelo en la misma Reserva del Puuc. Uno de ellos presentaba un desmonte total en una hectárea; el otro, con maquinaria pesada operando, tenía una afectación estimada de 10 hectáreas, ambos ubicados en terrenos ocupados por comunidades menonitas.
Casos anteriores, como la tala de selva en la comunidad maya de Kanxoc (2019), o la deforestación masiva en la Reserva de la Biosfera de Calakmul, refuerzan la gravedad del problema, muchas veces ligado a intereses económicos y falta de vigilancia efectiva.
Acción coordinada
La SDS reiteró su llamado a una mayor colaboración interinstitucional y con la ciudadanía para frenar el avance de la devastación ecológica. “Velar por nuestras reservas naturales no es sólo una obligación legal, sino una responsabilidad ética con las futuras generaciones”, concluyó Silva Rosado.
El caso de Uxmal se mantiene bajo investigación, mientras se espera que las instancias correspondientes definan posibles sanciones. Por ahora, la comunidad científica, ambientalistas y pobladores exigen justicia y garantías de no repetición.
