A pesar de los avances logrados en abril pasado con la despenalización parcial del aborto voluntario hasta las 12 semanas de gestación, Yucatán sigue arrastrando pendientes en materia legislativa, que obstaculizan el cumplimiento pleno de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), advirtió Amelia Ojeda Sosa, consejera jurídica de la Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal (Unasse).
De acuerdo con la abogada, el Congreso del Estado no ha modificado el artículo primero de la Constitución local, lo que representa el incumplimiento al fallo emitido por la Corte. “Las entidades federativas no tienen competencia para determinar en qué momento inicia la vida, ni para darle el estatus de persona al embrión o feto. Esa fue una de las observaciones de la Suprema Corte que Yucatán está obligado a legislar”, explicó.
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Ojeda Sosa recordó que, durante la votación de abril, el Congreso sólo aprobó cambios al Código Penal, permitiendo el aborto voluntario hasta las 12 semanas. Sin embargo, no alcanzó la mayoría calificada necesaria (24 votos) para reformar la Constitución estatal.
Tras esa sesión, las organizaciones Unasse y Abortistas MX solicitaron a la jueza tercera de distrito no dar por cumplida la sentencia. La jueza coincidió y ordenó al Legislativo volver a discutir la reforma constitucional. El 12 de agosto pasado, el tema regresó al Pleno, pero tampoco se consiguieron los votos suficientes.
“El Congreso del Estado tiene la obligación de cumplir con la sentencia en su totalidad. No hacerlo implica sanciones. La jueza ya advirtió que, al no haberse alcanzado los cambios constitucionales, se aplicará una multa al Congreso como institución, no sólo a los diputados que votaron en contra”, señaló Ojeda Sosa.
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Aunque la reforma al Código Penal permite el acceso legal a los servicios de aborto en hospitales y clínicas estatales, la activista recalcó que la falta de modificaciones a la Constitución mantiene un mensaje de discriminación y criminalización hacia quienes deciden interrumpir voluntariamente su embarazo.
“No hay un impedimento legal para que mujeres y personas gestantes accedan al servicio, pero sí existe un estigma social. El artículo primero de la Constitución manda un mensaje contrario al derecho a decidir. Por eso es fundamental reformarlo”, subrayó.