El cuidado del medio ambiente y la protección de los recursos naturales es una prioridad del Gobierno del Estado, particularmente en el recurso hídrico impactado por la presencia de granjas en el territorio yucateco.
Al respecto, la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) de Yucatán dijo que, en el tema de las granjas porcícolas, y específicamente con la recién clausurada, por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en la comisaría Santa María Chí, su tarea es clara: mantener permanentes mesas de trabajo entre los tres órdenes de gobierno, empresas y sociedad civil.
Lo anterior, no sólo para exhortar a mejorar la producción de esta actividad económica, sino también para “blindar” y cuidar los recursos naturales, como el agua, el aire y el suelo, a través de la creación de soluciones a largo plazo, con énfasis en la protección del agua y en el buen manejo de residuos sólidos, informó a POR ESTO! Neyra Silva Rosado, titular de SDS.
Noticia Destacada
Granjas porcícolas sin regulación contaminan 9 de cada 10 litros de agua subterránea en Yucatán
Mesas de trabajo y acuerdos
De acuerdo con la funcionaria, estas mesas de trabajo en las que se buscan acuerdos con los empresarios porcícolas, iniciaron desde semanas antes de la clausura de la granja en Santa María Chi; sin embargo, reveló que el motivo principal de dicha acción fue porque se estaban haciendo descargas de desechos sólidos de manera desmedida, sin regulación alguna.
La Profepa informó el pasado 9 de septiembre, en un comunicado, de la clausura total y definitiva de la empresa Pecuaria Peninsular, en la comisaría meridana de Santa María Chi, por alterar el cumplimiento reiterado de algunas medidas correctivas, entre las que destaca la descarga directa de las aguas residuales sin el permiso correspondiente, y señaló que la medida tiene como objetivo que la granja se enfoque en la reparación de la zona mediante un estudio de daño ambiental.
Cabe mencionar que la Procuraduría en turno ha realizado algunas visitas de inspección a granjas porcícolas que se ubican en Yucatán, más precisamente en municipios como Mérida, Muna, Tizimín, Santa Elena, Hoctún, Mayapán, Progreso y Sotuta.
Cronograma para la reubicación
En este contexto, Silva Rosado explicó que están trabajando en un cronograma específico y ordenado, para retirar a los animales de ese lugar —una vez que la Profepa decretó el cierre definitivo— para que sean reubicados en otro sitio donde se cuente con las medidas sanitarias y ambientales adecuadas, para evitar otro “golpe” duro a la naturaleza de Yucatán.
“Estamos buscando la manera de hacer más ordenada la actividad. La verdad es que hay muy buena voluntad por parte de los productores y existe un fuerte equipo técnico detrás que nos está apoyando para buscar mejores soluciones”, añadió la secretaria de Desarrollo Sustentable de la entidad.
Finalmente, dijo que en la SDS están conscientes de lo grave de la situación, por eso consideran que las mesas de trabajo y de acuerdos con los empresarios porcicultores deben ser permanente y también celosamente vigiladas en coordinación con los tres órdenes de gobierno, incluidos agentes activos de la sociedad civil y organizaciones, para que ninguna otra comunidad se vuelva a ver amenazada de ningún forma, menos en la salud de las personas que viven en ella.