Pobladores de al menos 20 comunidades yucatecas y representantes de la Red en Defensa del Agua y el Territorio Maya anunciaron que interpondrán una nueva denuncia popular ante autoridades federales para exigir freno a la contaminación del acuífero y la reparación de los daños provocados por mega granjas porcícolas.
Los estudios realizados entre 2022 y 2025 confirman la presencia de coliformes fecales y Escherichia coli (E. Coli) en niveles que superan los límites permitidos para uso y consumo humano.
Entre las localidades afectadas se encuentran Kinchil, Kopomá, Chocholá, Santa María Chi (Mérida), San Fernando, Santa Teresa Coahuila y Paraíso (Maxcanú), además de poblaciones de los municipios de Cantamayec, Dzoncauich, Hocabá, Hunucmá, Izamal, Teabo y Tetiz, todos ellos en zonas aledañas a las reservas Biósfera de Celestún, Estatal Anillo de Cenotes, Cuxtal y El Palmar.
Pruebas científicas y querellas previas
La nueva acción colectiva, respaldada por estudios de la John Hopkins University y la Unidad de Química Sisal-UNAM, detectó contaminación fecal en pozos artesanales, cenotes y sistemas de agua potable, mediante análisis de Pig-2-Bac, un marcador molecular que identifica materia fecal porcina. Estos resultados se suman a los monitoreos ciudadanos realizados entre 2022 y 2024.
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Lourdes Medina Carrillo, abogada colaboradora de la Red, explicó que esta denuncia colectiva difiere de la presentada en 2020 porque ahora existe un pronunciamiento oficial de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), emitido en abril de 2023, que reconoce los riesgos para la salud de la población.
Testimonios de resistencia
“Estas granjas fueron impuestas sin nuestro consentimiento como pueblo maya, violando nuestro derecho a ser consultados y a decidir sobre nuestras tierras”, denunció Matilde Dzib Dzul, apicultora de Kinchil. La contaminación, dijo, afecta la producción de miel y amenaza la biodiversidad que sustenta a las abejas.
En Santa María Chi, el comisario Wilberth Nahuatl señaló que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha emitido 17 sanciones y una multa superior a 14 millones de pesos contra la empresa porcícola local, propiedad de la familia Loret de Mola, sin que hasta ahora se hayan cumplido las resoluciones para suspender operaciones.
Desde San Rafael, Diana Pat describió que viven rodeados de malos olores y agua contaminada: “Las niñas y los niños enferman, y quienes denunciamos hemos recibido amenazas. Hace ocho años realizamos una autoconsulta y la mayoría votó en contra de la granja, pero nuestras decisiones fueron ignoradas”, afirmó.
Empresas señaladas y exigencias
De acuerdo con la Red, entre las firmas responsables destacan la Empresa Pecuaria Peninsular S.P.R. de R.L. de C.V., que opera en Santa María Chi, y el Grupo Porcícola Mexicano S.A. de C.V., con cuatro mega granjas en Kinchil. De las al menos 800 fábricas identificadas en Yucatán, solo 9 cuentan con autorizaciones federales de impacto ambiental, mientras que del resto no existe claridad sobre los permisos otorgados por la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS).
La denuncia, presentada ante Profepa, Semarnat y Conagua, solicita: Suspender operaciones de la granja de Santa María Chi y frenar nuevas autorizaciones de Manifestación de Impacto Ambiental. Reparación integral de los daños al agua, la salud y el ecosistema. Asimismo, intervención de la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos delitos ambientales, y garantizar el derecho de los pueblos mayas a ser consultados.
Un conflicto que se extiende
“El agua es vida, y en Yucatán se está comprometiendo por intereses económicos que no consultaron a las comunidades”, expresó Candelario Collí Sansores, otro de los representantes de la Red “To’one Ja’o’on” (Somos Agua), conformada desde 2024 por habitantes de municipios de toda la Península.
Los habitantes, que llevan al menos cinco años documentando los efectos de la actividad porcícola, aseguran que la contaminación no es un problema antiguo, sino reciente y progresivo. “Ya estamos cansados de escuchar que esta contaminación es vieja. No, sigue ocurriendo”, subrayó Medina Carrillo.
El abogado Jorge Fernández Mendiburu añadió que las autoridades tienen la facultad de actuar mediante acción colectiva y responsabilizar penalmente a las empresas: “En 2020 presentamos una primera denuncia y no hubo continuidad legal. Esta vez exigimos una respuesta contundente”.
