La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ordenó la clausura total temporal de las obras y actividades en la granja avícola Crío, en el municipio de Hoctún, tras detectar desmontes ilegales y remoción de vegetación en terrenos forestales destinados a la futura ampliación de infraestructura industrial.
Es la segunda sanción a esta empresa. En noviembre pasado, otra granja, en el municipio de Kinchil, también fue suspendida por delitos ambientales.
Inspectores federales realizaron una inspección el 22 de enero de 2026, constatando la eliminación total de la vegetación natural en 8.9 hectáreas, donde se había iniciado el desmonte de selva mediana caducifolia y trabajos de nivelación del terreno sin contar con autorización de cambio de uso de suelo expedida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Las evidencias físicas –troncos derribados, ramas apiladas y huellas de maquinaria pesada– apuntan a que el terreno estaba siendo preparado para la ampliación de naves industriales y apertura de nuevas vialidades internas, además de un camino de acceso de 80 por 20 metros, acciones que carecían del permiso forestal correspondiente.
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La Profepa justificó la medida de clausura al subrayar la ausencia de medidas de prevención, mitigación o compensación ambiental y el riesgo de daños graves al ecosistema forestal de la región.
El primer choque en Kinchil
Antes de Hoctún, la Profepa ya había puesto a la empresa Productora Nacional de Huevo (Crío) bajo el foco de vigilancia por presuntas afectaciones en otros predios de Yucatán. El 12 de noviembre de 2025, gracias a denuncias ciudadanas, detectó un cambio ilegal de uso de suelo en aproximadamente 13.7 hectáreas de vegetación forestal en Kinchil, donde se estaban realizando trabajos de desmonte para fines industriales sin contar con permisos ambientales.
La autoridad ambiental impuso sellos de clausura en ese sitio, pero luego descubrió que dichos sellos habían sido violados reiteradamente y que la maquinaria asegurada había sido manipulada indebidamente, lo que llevó a la Profepa a ampliar la denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) a mediados de enero de 2026.
Durante visitas de seguimiento, inspectores confirmaron que las medidas de seguridad no se respetaron, pues continuaban las labores de preparación del terreno con maquinaria pesada, a pesar de la clausura impuesta.
Presión ambiental en Yucatán
La intervención en Hoctún y el caso de Kinchil no son hechos aislados en la estrategia de la Profepa para combatir cambios de uso de suelo no autorizados en Yucatán. Durante el 2025, la dependencia federal llevó a cabo varios operativos en zonas forestales junto con otras autoridades, que resultaron en clausuras masivas de predios y aseguramiento de maquinaria.
Entre finales de mayo y mediados de junio de 2025, la Profepa clausuró siete predios en Campeche, Yucatán y Quintana Roo por la remoción ilegal de vegetación y la transformación de selvas en monocultivos sin permisos ambientales, detectando más de 2 mil 600 hectáreas afectadas en la región.
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Adicionalmente, inspectores federales han intervenido en predios agrícolas que carecían de cambios de uso de suelo forestal autorizados, como en el ejido Nohalal (Tekax), donde se clausuraron casi 40 hectáreas de selva removida ilegalmente para preparación de terrenos con fines productivos.
Reacciones, tensiones y la voz de comunidades
Organizaciones ambientales y comunidades rurales han señalado que esta serie de clausuras refleja problemas estructurales en la protección de los ecosistemas del sur de México, donde la expansión agroindustrial y la conversión de selva para usos económicos han presionado fuertemente a la biodiversidad local.
Aunque las autoridades federales han intensificado la vigilancia y el uso de medidas legales, persistente la percepción de impunidad en ciertos casos de violación de sellos de clausura y el uso de maquinaria pesada incluso después de las sanciones.
¿Qué sigue? Acción legal y vigilancia continua
La Profepa ha reiterado su compromiso con la protección de los ecosistemas forestales, la aplicación de la normatividad ambiental vigente y la atención de denuncias ciudadanas para asegurar el cumplimiento de la ley. La dependencia advirtió que continuará con acciones de inspección, vigilancia y, si es necesario, procedimientos legales adicionales para garantizar que no haya más violaciones a las regulaciones ambientales en Yucatán.
Para comunidades y ambientalistas, el desafío es trascender clausuras temporales y lograr mecanismos que aseguren cumplimiento real de las clausuras ambientales y reparaciones del daño, así como el fortalecimiento de la protección del patrimonio natural de la península que sostiene biodiversidad, agua y modos de vida tradicionales.
La ruta legal: multas y reparación del daño
La clausura impuesta por la Profepa a la granja avícola de Crío en Hoctún no es sólo una medida administrativa preventiva. Abre, en los hechos, un camino legal que puede escalar a sanciones económicas severas, responsabilidades penales y obligaciones de restauración ambiental, especialmente por los antecedentes de reincidencia de la empresa en Yucatán.
De acuerdo con la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, el cambio de uso de suelo en terrenos forestales sin autorización federal constituye una infracción grave, sancionable con multas que pueden ir de cientos de miles a varios millones de pesos, dependiendo de la superficie afectada, el tipo de vegetación y el daño ambiental acreditado.
En el caso de Hoctún, la remoción de 8.9 hectáreas de selva mediana caducifolia sin permiso de la Semarnat coloca a la empresa ante la posibilidad de: multas económicas acumulables, obligación de reparación del daño ambiental, que puede incluir reforestación, restauración del suelo y monitoreo por varios años y suspensión definitiva de actividades si se acredita daño irreversible.
La situación legal de Crío se agrava por los antecedentes en Kinchil, donde la Profepa documentó la violación reiterada de sellos de clausura y la manipulación de maquinaria previamente asegurada. Estos hechos ya motivaron la ampliación de una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR).
En Yucatán, como en otros estados del sureste del país, los casos de desmonte ilegal suelen quedar atrapados en largos procesos administrativos, donde las multas se pagan, pero el daño ambiental no se repara, persiste.
Por ello, organizaciones ambientalistas insisten en que el verdadero reto para la autoridad no es sólo clausurar, sino también lograr sentencias firmes, reparación efectiva del daño y sanciones ejemplares que inhiban nuevas afectaciones.
El caso Crío –por su escala, reincidencia y visibilidad– podría convertirse en un precedente legal sobre hasta dónde está dispuesto a llegar el Estado mexicano para frenar el cambio ilegal de uso de suelo asociado a la expansión agroindustrial en la Península de Yucatán.