La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró de manera total y temporal un predio ubicado en la localidad de Chelem, municipio de Progreso, Yucatán, donde se realizaban obras y actividades ilegales dentro de un ecosistema de humedal costero de manglar.
Tras una denuncia presentada por la Comisaría Ejidal de Chelem, personal de la Profepa realizó el pasado 20 de enero una visita de inspección en materia de impacto ambiental, en la que constató la eliminación, quema y desmonte de vegetación característica de manglar, así como la lotificación del terreno con fines de asentamiento irregular de población, sin contar con las autorizaciones ambientales correspondientes.
Durante la inspección se detectó una afectación directa a una superficie de 5 mil 749 metros cuadrados de manglar, donde se observaron evidencias claras de daño reciente: árboles cortados, ramas y tocones apilados para su secado, así como rastros del uso de fuego para la quema de vegetación.
Además, el predio ya había sido delimitado para su división en siete lotes, mediante la colocación de postes de madera y cinta plástica de color amarillo. En al menos dos de estos lotes se localizaron letreros con nombres propios, lo que sugiere la asignación anticipada de espacios a posibles ocupantes, un paso previo a la consolidación de asentamientos humanos irregulares en una zona ambientalmente protegida.
Violación a las leyes
La Profepa confirmó que estas actividades se realizaron sin autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y sin aplicar medidas de prevención, mitigación o compensación de daños, lo que representa una afectación grave a un ecosistema de manglar, considerado estratégico por los servicios ambientales que brinda, como la protección contra huracanes, la regulación del clima y la conservación de la biodiversidad.
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Ante estos hechos, la autoridad ambiental impuso como medida de seguridad la clausura total temporal del sitio, colocando los sellos correspondientes y ordenando el cese inmediato de toda actividad, con el objetivo de frenar el daño ambiental y evitar su continuidad. Asimismo, se inició el procedimiento administrativo correspondiente.
La Profepa informó que dará seguimiento al caso y mantendrá la vigilancia en la zona para asegurar que no se retomen las actividades de desmonte y lotificación, además de garantizar la protección de los ecosistemas costeros y el cumplimiento de la legislación ambiental vigente
Ola de deforestación
La intervención en Chelem se da en el marco de acciones más amplias de Profepa en ecosistemas costeros del país. En 2025, la dependencia federal realizó un operativo nacional que resultó en al menos 31 clausuras temporales de obras ilegales en zonas costeras de diversas entidades, por afectaciones a manglares, humedales y dunas.
Además, en el mismo puerto de Chelem, a finales de 2025 la Profepa impuso la clausura temporal parcial del proyecto urbanístico “Ciudad Maderas Península Fase II”, tras detectar remoción no autorizada de vegetación fuera del polígono autorizado, aunque el desarrollo en su conjunto no fue suspendido.
Importancia del humedal
El manglar no es solo un paisaje costero: es un ecosistema clave para la mitigación de impactos climáticos, la protección ante huracanes y marejadas, y un hábitat esencial para especies marinas y aves migratorias. La pérdida o fragmentación de manglar reduce la capacidad natural de resiliencia de los litorales y afecta directamente a comunidades costeras.
Su degradación tiene impactos directos en actividades económicas como la pesca ribereña y aumenta la vulnerabilidad de las comunidades costeras ante fenómenos meteorológicos extremos.
En el caso de Chelem, la afectación de casi seis mil metros cuadrados de manglar representa un daño que podría tardar décadas en revertirse, si es que las condiciones naturales del humedal logran restablecerse. Especialistas en temas ambientales han advertido que, una vez alterada la dinámica hídrica de un manglar, su recuperación puede verse seriamente comprometida, incluso si cesan las actividades ilegales.
El caso Ciudad Maderas
Meses antes, la Profepa también actuó contra el proyecto inmobiliario “Urbanización Ciudad Maderas Península Fase II”, también en Chelem, tras verificar el incumplimiento de diversas condicionantes de su autorización ambiental.
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Durante una inspección realizada entre el 9 y el 15 de diciembre de 2025, personal de la Profepa constató la remoción no autorizada de vegetación en 6 mil 183 m² –fuera del polígono autorizado– y otras irregularidades tales como la introducción de especies exóticas y falta de conservación de áreas verdes aprobadas en el resolutivo de impacto ambiental emitido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en 2021.
La clausura impuesta en Ciudad Maderas fue temporal y parcial, limitada únicamente a la superficie donde se detectaron observaciones, y no a todo el desarrollo, que abarca más de 5.5 millones de metros cuadrados según la autoridad. Esta intervención buscó frenar el daño o deterioro grave a los recursos naturales, colocando sellos y ordenando el cese de actividades en las áreas donde se detectaron incumplimientos.
Insistencia pese a sanciones
Ciudad Maderas no es un nombre desconocido en el debate ambiental y social de Yucatán. En 2025, un juez federal ordenó la suspensión de obras del megaproyecto en Progreso tras denuncias por posibles irregularidades ambientales y agrarias, que impidieron la continuación de actividades mientras se resolvía un juicio judicial. Pese a ello, desarrollos relacionados con Ciudad Maderas han seguido enfrentando observaciones y clausuras parciales por parte de autoridades ambientales, en un contexto donde la vigilancia federal busca contener impactos a ecosistemas sensibles.
Los casos de Chelem reflejan un patrón más amplio: la expansión urbana y los grandes proyectos inmobiliarios continúan presionando los humedales, dunas y manglares de la costa yucateca, muchas veces en zonas donde la legislación ambiental es clara sobre su protección, pero sin la supervisión efectiva oportuna o el cumplimiento escrupuloso de las condiciones de impacto ambiental.
Este tipo de disputas jurídicas y administrativas entre desarrolladores, autoridades y comunidades evidencia la complejidad de equilibrar desarrollo territorial y conservación ambiental en un estado donde el crecimiento urbano y turístico se intensifica.
